Ante los inconvenientes que ven con respeto a la disposición de adelantar para este año el pago de la retefuente de 2026 y de los aumentos en las tarifas de autorretención, gremios están pidiendo la derogación del decreto 0572 del Gobierno Nacional que obliga a adelantar estos tributarios.
De acuerdo con la alianza Aliadas, se trata de una medida improvisada, adoptada sin diálogo ni análisis serio de impacto, que pone en riesgo la estabilidad económica, el empleo y el esfuerzo de quienes generan valor desde la legalidad.
María Claudia Lacouture, presidenta de esta alianza, indica que “esta decisión erosiona la liquidez de quienes más empleo formal crean y vulnera la seguridad jurídica necesaria para planificar inversiones. Modificar las reglas tributarias a mitad del año fiscal deteriora el clima de inversión, especialmente en sectores estratégicos como energía, construcción, recursos naturales y servicios públicos”.
Indica que no se trata solo de empresas pues millones de trabajadores, proveedores y emprendedores también verán comprometida su capacidad de operar, pagar nóminas y sostener proyectos viables.
“Desde Aliadas, el gremio de gremios, solicitamos con firmeza la derogación inmediata del Decreto 0572 y la apertura de un diálogo real con el sector productivo. Las decisiones fiscales deben construirse con responsabilidad, corresponsabilidad y visión de futuro. Colombia no puede avanzar debilitando sus pilares económicos e institucionales”, expresó.
Asegura que además, el decreto no corrige el déficit fiscal de fondo: apenas traslada ingresos futuros al presente, repitiendo errores de reformas anteriores como la de 2022, cuando se sobrestimó el recaudo y se amplió la brecha fiscal.
Manifiesta que lo que está en juego es que se asfixia la liquidez del aparato productivo, debilitando su capacidad de generar empleo. Se rompe la seguridad jurídica, desincentivando la inversión y la formalización. y se oculta un problema estructural sin corregir su causa, afectando la sostenibilidad del país.
Puntualiza Aliadas en que “para crecer, el país necesita reglas estables, políticas tributarias equitativas y respeto por quienes sostienen su motor productivo”.
El impacto en el sector inmobiliario
Fedelonjas, como gremio nacional que agrupa a las lonjas de propiedad raíz y a los profesionales del sector inmobiliario, también solicita la revocatoria inmediata del Decreto 0572 de 2025.
La Federación precisa que la norma introduce dos modificaciones normativas que afectan directamente la actividad de corretaje, gestión y compraventa de bienes inmuebles.
Detalla que a partir del 1 de junio de 2025, se eleva la tarifa de autorretención en la fuente para las actividades clasificada bajo el código CIIU 6820 (actividades inmobiliarias por retribución o contrato), pasando del 1.1% al 3.5%.
“Nos sumamos a las múltiples voces de inquietud expresadas por empresarios, líderes gremiales y expertos tributaristas, quienes señalan que la medida impactará negativamente el crecimiento económico del país”, dice el presidente de Fedelonjas, Mario Andrés Ramírez.
Indica que la primera implicación para el sector es el incremento en la tarifa de autorretención para actividades inmobiliarias, especialmente para quienes se dedican al corretaje en compraventa de bienes inmuebles; administración de inmuebles de terceros; gestión de arriendos por cuenta de propietarios; y servicios profesionales de avalúo, consultoría y estudios de mercado inmobiliarios.
El segundo impacto es la reducción del umbral exento de retención en ventas de vivienda. Esta modificación cambia el artículo 1.2.4.7.5 del Decreto 1625 de 2016, reduciendo el valor exento de retención en la fuente del 2.5% para ventas de vivienda, lo cual implica que más operaciones residenciales quedarán sujetas a esta retención al momento de la escritura pública.
Precisa la agremiación que los principales impactos de esta modificación serán: ralentización del mercado de vivienda NO VIS, especialmente en estratos medio y alto. Aumento de la retención en operaciones entre particulares, incluso sin ánimo comercial y también carga operativa adicional para notarías y fiduciarias, que deberán aplicar correctamente los nuevos criterios de retención.
“Si bien estos cambios buscan adecuar el marco tributario a las necesidades actuales del sistema fiscal, representan retos significativos para el sector inmobiliario“, expresa Ramírez.
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