La reciente asignación de obligaciones de energía firme ha desatado una controversia. En el centro del debate se encuentra el proyecto TermoInduEnergy – Nencol 5, una iniciativa termoeléctrica que planea construirse por etapas en el departamento del Magdalena hasta alcanzar cerca de 2.300 megavatios (MW).
Mientras el presidente Gustavo Petro califica el proyecto como una “monstruosidad” y una “afrenta a la vida”, el representante legal de la firma, George Castellanos, defiende la legalidad, transparencia y necesidad técnica de la planta para la seguridad energética del país.
George Castellanos, con más de 15 años de experiencia en empresas como Duke Energy y Enron, asegura que el proyecto no es una improvisación. Según el empresario, la ubicación cerca del puerto de Santa Marta fue seleccionada desde 1999 tras estudios logísticos detallados que buscaban eficiencia en el suministro de combustibles y facilidad de interconexión.
Castellanos enfatiza que el proyecto cuenta con las licencias y la financiación necesarias, incluyendo el respaldo de entidades internacionales como Goldman Sachs y BBVA para las garantías de participación.
Ante las críticas por su ubicación cerca de la Sierra Nevada, el empresario sostiene que el desarrollo se ha estructurado como un núcleo energético que participará en subastas periódicas con bloques de entre 300 y 400 MW, cumpliendo con los complejos requisitos ambientales y de consulta previa que exige la ley colombiana.
El choque con la visión del Gobierno
La postura de Castellanos contrasta radicalmente con la del Ejecutivo. El presidente Petro ha arremetido contra la aprobación de estos 2.276,8 MW de energía térmica, calificándola de “alta traición” al programa de gobierno.
La indignación presidencial se fundamenta en que la planta se ubicaría en una zona protegida por el Decreto de la Línea Negra, considerada el “corazón del mundo” por las comunidades indígenas. Para el mandatario, insistir en el gas natural agrava el calentamiento global, por lo que exige una transición total hacia fuentes renovables.
No obstante, la defensa técnica del proyecto también proviene del propio Ministerio de Minas y Energía. El ministro Edwin Palma calificó la subasta como “exitosa” para garantizar la suficiencia energética entre 2029 y 2030, subrayando que las plantas térmicas son el respaldo fundamental para la estabilidad del sistema, representando el 36,4% de la energía firme asignada.
Transparencia en los cambios regulatorios
Uno de los puntos más polémicos fue la modificación de los plazos para la entrega de garantías por parte de la CREG. Castellanos desmintió cualquier tipo de manipulación, explicando que el cronograma original de dos semanas era “materialmente imposible” de cumplir para proyectos de esta magnitud.
“A la CREG no la manipula nadie”, afirmó, señalando que la ampliación del plazo fue una decisión técnica que dio viabilidad a todo el mercado térmico y no solo a su empresa.
La urgencia de la firmeza térmica
Finalmente, Castellanos apela a la memoria histórica del país, recordando el apagón de 1992 como una lección sobre la excesiva dependencia de las hidroeléctricas. Argumenta que, debido a fenómenos como El Niño, Colombia requiere una firmeza térmica que las energías renovables intermitentes aún no pueden suplir por sí solas.
Las empresas asignadas tienen hasta el 6 de agosto de 2026 para formalizar sus contratos de combustible y garantías, paso final antes de la emisión de los certificados que sellarán el futuro de este controversial gigante energético en la costa Caribe.
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