*El Gobierno de Abelardo de la Espriella formalizó el cierre de tres mesas de diálogo que habían sido instaladas durante la administración de Gustavo Petro. Las decisiones afectan a las disidencias de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella dio un nuevo y contundente giro a la política de seguridad de Colombia al poner fin, mediante varias resoluciones, a tres procesos de diálogo que habían sido impulsados durante la administración del expresidente Gustavo Petro en el marco de la denominada ‘Paz Total’.
Las decisiones, expedidas el 28 de agosto, formalizan el desmonte de las mesas de negociación con estructuras armadas ilegales y marcan un cambio de rumbo en la estrategia del Estado frente a las organizaciones que continúan ejerciendo actividades criminales.
Uno de los principales procesos afectados es el que se adelantaba con las estructuras del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, comandante Gentil Duarte; comandante Jorge Suárez Briceño y Frente Raúl Reyes, vinculadas a las disidencias de las Farc y bajo el liderazgo de Alexander Díaz, alias ‘Calarcá’.
Gobierno de De la Espriella cierra mesa con disidencias de ‘Calarcá’
La Resolución 343 determinó el cierre de esta mesa de diálogos, al considerar que no existían condiciones para continuar con el proceso.
Según el Gobierno, la decisión obedeció a la “ausencia de voluntad de paz” de esta estructura armada, además de una serie de acontecimientos que habrían debilitado las conversaciones y evidenciado incumplimientos de lo acordado.
La administración De la Espriella sostuvo que tampoco encontró pruebas suficientes de una intención real de los integrantes de esta organización de abandonar las armas y avanzar hacia una reincorporación a la vida civil.
La determinación supone uno de los golpes más fuertes a los mecanismos de negociación heredados del Gobierno Petro, pues la estructura de ‘Calarcá’ había sido una de las organizaciones disidentes con las que se intentó mantener un canal de negociación durante la anterior administración.
También terminó el diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
La segunda decisión corresponde a la Resolución 346, mediante la cual el Gobierno terminó la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Esta estructura surgió en 2024 después de la separación de sectores de la Segunda Marquetalia, los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
Para el Gobierno nacional, los acontecimientos registrados durante el desarrollo de la negociación terminaron debilitando el proceso y no permitieron acreditar una verdadera voluntad de paz ni un compromiso efectivo con la reinserción a la vida civil.
De esta manera, la administración De la Espriella cerró otro de los espacios de negociación que habían sido promovidos por Petro.
Se acaba el espacio de diálogo con las Autodefensas de la Sierra Nevada
La tercera determinación tiene especial relevancia para la región Caribe.
Mediante la Resolución 349, el Gobierno puso fin al Espacio de Conversación Sociojurídico que se había establecido con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización conocida también como ‘Los Pachenca’.
El objetivo de este mecanismo era verificar la voluntad de la organización de avanzar hacia un eventual sometimiento a la justicia.
Sin embargo, el Gobierno de De la Espriella concluyó que las conversaciones se habían debilitado y que no existían evidencias suficientes de una voluntad real de paz y de sometimiento a la justicia.
La decisión tiene especial impacto en Santa Marta, Magdalena y la Sierra Nevada, territorios donde esta organización ha mantenido presencia y disputas por el control de economías ilegales.
Revocan reconocimiento a representantes de grupos armados
Las medidas adoptadas por el Gobierno no se limitaron al cierre de las mesas.
También fueron revocados los reconocimientos que permitían a algunos cabecillas participar formalmente como representantes en los procesos de paz.
Entre ellos aparecen Geovanny Andrés Rojas, alias ‘Araña’, y Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, cuyas extradiciones a Estados Unidos fueron ordenadas esta misma semana.
Además, en el caso de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Gobierno revocó el reconocimiento como miembros representantes a nueve integrantes de la organización y ordenó reactivar las órdenes de captura correspondientes.
De la ‘Paz Total’ a una política de seguridad y autoridad
Con estas resoluciones, el Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en uno de los principales cambios anunciados frente a la política de seguridad de Gustavo Petro.
La nueva administración busca sustituir el esquema de negociación con organizaciones armadas por una estrategia centrada en seguridad, legalidad y autoridad del Estado, según ha planteado el propio Gobierno.
El cierre de estas tres mesas deja prácticamente desmontados los principales espacios de negociación heredados de la denominada ‘Paz Total’ y abre una nueva etapa en la confrontación del Estado con las estructuras armadas que operan en diferentes regiones del país.
La decisión también plantea un nuevo escenario de seguridad para zonas como Cauca, Nariño, Magdalena Medio, Santa Marta y la Sierra Nevada, donde las organizaciones armadas mantienen intereses relacionados con narcotráfico, extorsión, control territorial y otras economías ilegales.
Por ahora, el mensaje de la Casa de Nariño es claro: el Gobierno de Abelardo de la Espriella no continuará las mesas de diálogo con estas tres estructuras armadas y priorizará el ejercicio de la autoridad estatal frente a ellas.
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