En una medida orientada a proteger la economía de los conductores, el Ministerio de Transporte anunció la suspensión temporal de la entrada en operación de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE).
Estos centros fueron diseñados para verificar de manera independiente las habilidades de conducción de quienes aspiran a obtener o recategorizar su licencia, separando la evaluación de la enseñanza que imparten las escuelas de conducción tradicionales.
La decisión, formalizada mediante la Circular 0317 del 28 de agosto de 2026, busca congelar un incremento tarifario que llevaría el costo actual de la licencia de conducción —hoy cercano a los $1,4 millones de pesos— a superar los $2,2 millones de pesos. Este incremento representaría una carga adicional de hasta $800.000 pesos por ciudadano.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, fue contundente al justificar la suspensión de la medida y enfatizó la necesidad de priorizar la economía ciudadana: “Queremos mejores conductores y menos muertes en las vías, pero no vamos a trasladarle nuevos costos a la gente sin analizarlos objetivamente, demostrar que son necesarios y que producirán resultados. Cumpliremos la ley, pero también protegeremos a los ciudadanos y su bolsillo”.
Asimismo, la funcionaria reafirmó esta postura al señalar que “no vamos a permitir que una licencia que hoy cuesta cerca de 1.4 millones de pesos pase a costar más de 2 millones”.
Un millonario esquema bajo la lupa
La suspensión no solo responde al impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos, sino también a dudas estructurales y legales del esquema adoptado. Los CALE se estructuraron bajo un contrato interadministrativo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cuya operación está proyectada a 20 años y podría movilizar cerca de $20 billones de pesos.
El Ministerio ha iniciado una revisión exhaustiva sobre este contrato, dado que la UNAD quedó como el único operador autorizado. Esto ocurrió a pesar de que otras universidades públicas manifestaron cumplir con todos los requisitos y solicitaron su participación en el proceso, una exclusión que ha desencadenado denuncias, tutelas y solicitudes de revocatoria.
Durante este periodo de pausa, la cartera de Transporte evaluará técnicamente la capacidad de los centros registrados por la UNAD, la legalidad del contrato de dos décadas y si el incremento en las tarifas realmente ayuda a mejorar la seguridad vial.
Al respecto, la ministra Noguera apuntó que el Gobierno busca asegurar mejores conductores y menos siniestros, “pero cobrando lo justo y protegiendo el bolsillo de la gente”.
Finalmente, el Ministerio de Transporte aclaró que la Ley 2251 de 2022, marco legal que rige estas evaluaciones, continúa vigente y se cumplirá. No obstante, las decisiones definitivas sobre el futuro de los CALE solo se comunicarán una vez concluya la revisión técnica y jurídica, garantizando el debido proceso y la seguridad jurídica de las partes.
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