En un pronunciamiento conjunto, las principales universidades y centros de pensamiento de Colombia alertaron sobre el crítico estancamiento de la infraestructura nacional, advirtiendo que el país ha pasado de invertir el 3,0% de su Producto Interno Bruto (PIB) hace una década a un preocupante 1,0% en la actualidad.
Ante este panorama, el bloque académico y técnico presentó una hoja de ruta estratégica para el periodo 2026-2030, subrayando que rehabilitar este sector es imperativo para el bienestar social y la competitividad económica.
El informe destaca que la infraestructura no es solo un asunto de cemento y acero, sino la plataforma sobre la cual se construye la cohesión territorial y el desarrollo social. Según estimaciones de instituciones como Fedesarrollo y el BID, el efecto multiplicador es contundente: por cada peso invertido en infraestructura, el PIB del país podría incrementarse entre 1,5 y 2,5 pesos.
Sin embargo, el retroceso actual ha generado una ineficiencia logística que golpea directamente el bolsillo de los colombianos. Hoy en día, de cada 100 pesos facturados por una empresa nacional, 15,6 pesos se destinan a costos logísticos, una cifra que casi duplica el promedio de la OCDE (8%). Este sobrecosto se traslada inevitablemente a los consumidores y productores, mermando la capacidad competitiva de las regiones.
Radiografía de una parálisis sectorial
El diagnóstico de los expertos señala que el cuatrienio 2022-2026 deja tareas pendientes de gran magnitud:
Proyectos 5G frenados: Mientras las autopistas 4G acumulan retrasos, la quinta generación no ha logrado despegar. Actualmente, 18 proyectos permanecen en fase de pre-construcción, representando una inversión represada de $49 billones de pesos debido, en parte, al debilitamiento del modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP).
Crisis en transporte férreo y fluvial: Solo el 17% de la carga se mueve por tren, y casi su totalidad es carbón. Además, persisten cuellos de botella en la navegabilidad del río Magdalena y el acceso al puerto de Buenaventura.
Estancamiento aeroportuario: De las 23 recomendaciones técnicas de la IATA para aumentar la capacidad operativa en un 47%, solo se han implementado tres, lo que pone en riesgo la eficiencia de terminales clave como El Dorado.
Hoja de ruta 2026-2030: El camino a la recuperación
Las instituciones firmantes, entre las que se encuentran Anif, la Universidad EIA, la Universidad Eafit y el Consejo Privado de Competitividad, proponen que el gobierno que asuma el poder el 7 de agosto de 2026 debe priorizar el restablecimiento de la confianza institucional.
La estrategia sugerida incluye la activación inmediata de la cartera 5G y la adjudicación de Iniciativas Privadas (IP) que no requieren desembolsos del presupuesto nacional, como El Dorado MAX y los Aeropuertos del Suroccidente.
“El próximo Gobierno debe priorizar la adjudicación inmediata de iniciativas privadas (IP) que cuenten con estructuración avanzada. Proyectos como El Dorado MAX, Aeropuertos del Suroccidente, la Ciudadela Aeroportuaria de Bayunca y Conexión Centro no requieren desembolsos del presupuesto nacional ni consumen el escaso cupo de vigencias futuras disponible. Su adjudicación en el corto plazo generaría una señal positiva al mercado y sería instrumental para dinamizar el sector y la actividad económica en el país”, afirman las instituciones.
De igual manera, recomiendan la ejecución activa del Plan Maestro Transporte Intermodal – PMTI (DNP, 2021) que constituye la herramienta de planificación del sector en el largo plazo, en asocio con las entidades territoriales, para articular los proyectos regionales priorizados.
Entre ellos, la consolidación de corredores logísticos estratégicos, como el de la conexión Pacífico – Orinoquía, la ampliación de aeropuertos como el José María Córdoba, la reactivación del modo férreo, la profundización del canal de acceso a Buenaventura, la ejecución real del canal del Dique y la navegabilidad del río Magdalena.
Asimismo, se insta a retomar los Proyectos de Interés Nacional Estratégico (Pines) para acelerar trámites mediante una ruta gerencial prioritaria, y a modernizar el marco normativo para blindar la seguridad jurídica de las inversiones.
De igual manera, los firmantes sugieren retomar de inmediato la diversificación de las fuentes de financiación; ampliar Obras por Impuestos hacia infraestructura productiva regional (vías terciarias, accesos logísticos, plataformas de acopio, infraestructura energética y conectividad digital en regiones rezagadas); y aprovechar de manera más eficiente el Sistema General de Regalías para impulsar la infraestructura regional como eje central de la política de cierre de brechas sociales y productivas.
“Podría estudiarse además el tema del margen de endeudamiento subnacional (hoy solo del 2,6% del PIB en Colombia frente al 10% OCDE), evitando siempre que ello pueda convertirse en una fuente de riesgo fiscal, habida cuenta de la poca capacidad de endeudamiento que muestran los índices de autonomía fiscal en la gran mayoría de entidades territoriales”, indica el documento.
Finalmente, los expertos proponen una reforma institucional que incluya la creación de una Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte (CRIT) con independencia técnica y la actualización del Estatuto de Puertos Marítimos para convertir a Colombia en una verdadera plataforma de internacionalización.
“El próximo gobierno recibirá un sector que no puede esperar otro cuatrienio“, concluye el documento, enfatizando que la infraestructura será el eje central para cerrar las brechas sociales y productivas que aún dividen al país.
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