La Superintendencia de Sociedades presentó el estudio “Balance y desempeño financiero de las Cámaras de Comercio en Colombia”, un análisis exhaustivo que revela la radiografía económica de las 58 entidades que integran el sistema cameral del país.
Aunque los resultados generales muestran un sistema robusto, el informe enciende alarmas sobre una vulnerabilidad estructural: la extrema dependencia de los ingresos por registros públicos en un entorno de posibles cambios regulatorios.
De acuerdo con el organismo de control, el sistema cameral colombiano goza de una estructura financiera estable, con activos agregados que superan los 4 billones de pesos y un patrimonio cercano a los 3,8 billones. Para el cierre de 2025, los ingresos de actividades ordinarias se situaron en 1,568 billones de pesos, mientras que los ingresos totales ascendieron a 1,743 billones.
Un aspecto destacable es el bajo nivel de endeudamiento, que representa apenas el 8 % de los activos, lo que indica que la operación de estas entidades se sustenta primordialmente con recursos propios.
Además, cerca del 70 % de sus activos están representados en infraestructura, propiedad, planta y equipo, lo que otorga un respaldo físico considerable a su labor institucional.
El desafío de la “registralidad”
A pesar de estas cifras positivas, la Superintendencia plantea una discusión profunda sobre la sostenibilidad del modelo. Actualmente, 1,27 billones de pesos de los ingresos ordinarios provienen del registro mercantil. Esta concentración de ingresos en la función registral convierte a este rubro en el principal soporte financiero de la mayoría de las cámaras.
El estudio advierte que cualquier transformación tecnológica, política o regulatoria que afecte el proceso de renovación mercantil podría impactar severamente la estabilidad de las cámaras, especialmente aquellas con menor capacidad operativa y nula diversificación económica.
Ante esto, el informe resalta la urgencia de fortalecer los servicios empresariales para generar fuentes de ingresos alternativas.
Desigualdad regional y concentración económica
La disparidad en el territorio colombiano se refleja con fuerza en el sistema cameral. Solo cuatro ciudades —Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla— concentran 1,082 billones de pesos en ingresos. La Cámara de Comercio de Bogotá lidera la lista, participando con el 36 % de los ingresos públicos del sistema, seguida por Medellín con un 13 % y Cali con un 7 %.
Esta concentración no es solo monetaria, sino también tecnológica y de capacidades institucionales. Mientras las grandes ciudades operan en ecosistemas robustos, las cámaras en regiones con alta informalidad y menor densidad empresarial enfrentan limitaciones críticas para diversificar sus servicios.
Hacia una agenda de convergencia
Para cerrar estas brechas, la Superintendencia propone avanzar hacia una agenda de convergencia regional. El organismo sugiere fomentar mecanismos de cooperación interinstitucional y la creación de plataformas tecnológicas compartidas que permitan transferir capacidades de las cámaras más grandes a las más pequeñas.
Nini Johanna Castañeda, Superintendente de Sociedades (e), enfatizó que “La fortaleza agregada del sistema cameral colombiano no debe ocultar las diferencias de escala y capacidades que existen entre las distintas cámaras del país. Este estudio busca aportar información para comprender esas dinámicas territoriales y abrir conversaciones sobre sostenibilidad, convergencia regional y fortalecimiento institucional del sistema cameral colombiano”.
Datos clave del tejido empresarial
El informe también arroja luz sobre quiénes son los usuarios del sistema. Actualmente, el sistema cameral agrupa 1.805.549 unidades productivas registradas, de las cuales cerca del 95 % corresponde a microempresas. A nivel sectorial, el comercio lidera la actividad económica registrada con 718.897 unidades productivas.
El estudio también resalta avances en gobernanza institucional, con una participación femenina del 59 % en cargos directivos dentro del sistema cameral colombiano.
La sostenibilidad futura de estas instituciones dependerá, en gran medida, de su capacidad para transformarse de centros de registro a verdaderos motores de servicios empresariales diversificados, reduciendo su vulnerabilidad ante los cambios del entorno regulatorio.
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