ANT se pronuncia sobre hallazgos en la entidad, establecidos por la Contraloría

La Agencia Nacional de Tierras se pronunció a propósito de los hallazgos que estableció en esa entidad la Contraloría General de la República, los cuales tendrían incidencias disciplinarias y fiscales.

La ANT afirmó que al término de una actuación especial de fiscalización efectuada por el señalado ente de control, confirmó que Felipe Harman tuvo la razón al encender las alarmas tras su llegada a la entidad como director general en febrero de 2024.

Dice el comunicado que en su momento Harman Ortiz ordenó conformar un órgano colegiado al interior de la entidad que se denominó Mesa de Seguimiento a Casos Críticos, con el fin de revisar a profundidad procesos de compra de tierras que registraban atrasos y reclamaciones por parte de los oferentes, para actuar con rigor y blindar los procedimientos en aras de proteger lo público.

“Tras la audiencia realizada a los procesos de adquisición por compra directa y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral de la ANT,  desde la vigencia 2022 al 30 de abril de 2024, la Contraloría General de la República encontró que el equipo liderado por Harman evitó una afectación aún mayor, y su intervención no se trató de un tema  caprichoso, sino oportuno,  al no proceder con la conclusión de algunas adquisiciones y, por el contrario, solicitar el acompañamiento de los entes de control”, dice el pronunciamiento.

Se indica que uno de los reparos que las comunidades pusieron en conocimiento de Felipe Harman, se refería a la posibilidad real de aprovechamiento agrícola de algunos predios que estaba adquiriendo la Agencia Nacional de Tierras con varios departamentos, “lo que debió hacerlos inviables para compra con los fines de la Reforma Rural Integral”.

Se afectaron tiempos de ejecución

Agrega que en ese sentido la Contraloría señaló que las herramientas de análisis empleadas en administraciones anteriores a la de Harman, presentaban limitaciones que afectaron la emisión de conceptos confiables por parte de los profesionales agrónomos, “lo que impidió reflejar el verdadero potencial agropecuario de los predios”.

Igualmente indica la ANT que en otros casos se afectaron los tiempos de ejecución establecidos para la entrega oportuna de los predios, “pero la agencia explicó que la dificultad para esas adjudicaciones dependió de la participación de varios actores, inclusive entidades territoriales, terceros que debieron confluir en sus actuaciones desde sus respectivas competencias”.

El comunicado hace referencia a un caso que tuvo relevancia mediática, específicamente el del predio Cachorros en Puerto Gaitán Meta. “Su valor es de 38,675 millones de pesos, pero solo se había pagado el 30%, es decir, 11,602 millones de pesos. El saldo pendiente por pagar es de 27,073 millones de pesos, y por tanto, se evitó un posible detrimento por el restante 70%, mientras se esclarecían los hechos”, precisó.

La Agencia Nacional de Tierras dice además, que el hallazgo o la advertencia por parte de la Contraloría obedece a una inviabilidad técnica, es decir, la administración de ese entonces viabilizó la compra sin que se cumplieran las condiciones mínimas contempladas en el capítulo 2 del artículo 9 del acuerdo 329 del 2014, expedido por el Consejo Directivo de la ANT,  “lo que significa que el predio no contaba con la actitud agronómica suficiente para poder ser explorado”.

Y subraya que en el informe final de su auditoría, la Contraloría General de la República instó a la ANT a subsanar los hallazgos o las dificultades encontradas y enmarcar sus actuaciones futuras con mayor rigor legal, “razón por la cual la Dirección de Acceso a Tierras elaboró un plan de mejoramiento que ya fue comunicado al ente de control, y que contiene acciones factibles de cumplirse en corto tiempo”.

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