Un “fuera de acceso” es la respuesta que reciben usuarios de internet, que intentan entrar a portales de varias entidades del Estado, en especial a la relacionadas con la rama judicial, lo que obligó a que se haya convocado a un Puesto Mando Unificado, PMU, de manera urgente.
El trauma viene desde la tarde del martes, 12 de septiembre, según reporte de las autoridades y experto digitales, y afecta el acceso a las web de entidades como el Consejo Superior de la Judicatura, las altas cortes, las superintendencias de Salud y de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud.
El ciberataque masivo, que se denomina en medios informáticos como ransomware, traducido español es relacionado con el secuestro digital de información, además de los anteriores organismos mantiene en expectativas a 34 entidades porque el flujo de información es lecto e intermitente.
“El ransomware, también conocido como malware de rescate, es un virus o afectación que les impide a los usuarios acceder a un sistema, página o plataforma. Además, en ciertos casos exige el pago de un rescate para poder acceder de nuevo”, señala la información divulgada.
Un primer reporte entregado por el consejero presidencial de Transformación Digital, Saúl Kattan Cohen, indica que la situación no es exclusiva de Colombia, sino de 17 países de América Latina, cuyos servicios en telecomunicaciones está a cargo de la multinacional IXF Networks, contra quien está dirigido el ciberataque.
No tenemos las herramientas ni la gobernabilidad
Kattan afirmó que “estamos peleando con las manos atadas. No tenemos las herramientas ni la gobernabilidad para enterarnos de esto con anticipación y hacer frente a estos ataques”, por ello urgió que en Colombia se cree con urgencia una Agencia Nacional de Seguridad Digital.
Por ahora, los efectos se han sentido más en la rama judicial que a través del Consejo Superior de la Judicatura expidió un comunicado enconde suspende los términos judiciales para que muchos no prescriban. La medida estará en vigencia hasta el 20 de setiembre próximo.
“La decisión se tomó en una sesión que tuvo el Consejo el 13 de septiembre, y con ello se dejó claro que algunas operaciones en la Rama se van a mantener: las de acciones de tutela, hábeas corpus y las funciones de control de garantías, es decir como las de legalización de captura de alguien, imputación de cargos y de medida de aseguramiento”, precisan los registros.
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