En el marco de la presentación del XXVII Informe del Sector Gas Natural en Colombia, el presidente de Promigas, Juan Manuel Rojas, presentó una hoja de ruta para reactivar la industria energética del país.
El directivo planteó la necesidad de ejecutar un plan integral de inversiones por USD 9.000 millones durante los próximos cuatro años en producción local, transporte, distribución y regasificación.
El objetivo central es devolverle al sector gasífero el protagonismo como motor de transformación económica e inclusión social, el cual se encuentra actualmente amenazado por decisiones regulatorias y de política pública equivocadas.
Durante su intervención, Rojas señaló que Colombia logró estructurar a lo largo de tres décadas un sector energético resiliente y generador de bienestar, pero que fue debilitado por políticas públicas erradas que incrementaron la dependencia del gas importado.
Actualmente, el país depende en un 34% de gas importado, una cifra que las proyecciones ubican entre el 38% y el 40% para el cierre de este año. Esta dependencia ha derivado en la pérdida del 23% de la demanda industrial y en una reducción del 7% en el consumo no térmico.
El presidente de Promigas enfatizó que los intentos de la administración anterior por forzar una transición acelerada provocaron un efecto contrario al esperado: las industrias migraron hacia combustibles más contaminantes como el carbón y el GLP, lo que incrementó las emisiones del país entre 0,5 y 0,7 millones de toneladas de CO₂ el año pasado, configurando lo que calificó como “errores autoinfligidos”.
Desglose del plan de inversión de USD 9.000 millones
Para frenar el declive de las reservas actuales y garantizar el abastecimiento futuro, el plan propuesto por Promigas contempla distribuir los USD 9.000 millones en un periodo de 4 años a través de las siguientes líneas estratégicas:
Desarrollo offshore (Proyecto Sirius y aguas profundas): USD 4.100 millones para viabilizar los yacimientos descubiertos en el mar Caribe.
Exploración y producción continental: USD 1.100 millones enfocados principalmente en las cuencas Sinú-San Jacinto y Valle Inferior del Magdalena, con la participación de operadoras como Ecopetrol, Maurel & Prom, Parex, Geopark, Frontera y SierraCol.
Yacimientos no convencionales (fracking): USD 1.000 millones para aprovechar el potencial de reservas del país, un renglón con un efecto multiplicador estimado de 2,8 a 3,4 en la economía.
Infraestructura de transporte: USD 400 millones dirigidos a mejorar la confiabilidad del sistema.
Conversión del gasoducto ODC: USD 900 millones requeridos para conectar la infraestructura de la costa con el interior del país, permitiendo llevar gas directamente hacia Antioquia y el suroccidente sin recorrer la ruta habitual por Ballena.
Plantas de regasificación: USD 900 millones para proyectos de infraestructura de importación.
Distribución: USD 300 millones para la extensión y mantenimiento de redes locales.
Estrategia de dos frentes: gestión inmediata y largo plazo
Rojas enfatizó que para dar vuelta a la situación actual es indispensable actuar en dos frentes simultáneos:
Gestión del riesgo de corto plazo: Asegurar la entrada de proyectos de importación clave como la ampliación de la planta de SPEC a 533 MMscfd (programada para operar el 1 de octubre), el proyecto Buenaventura (que aportará entre 60 y 80 MMscfd para el suroccidente) y el proyecto Puerto Bahía junto a Ecopetrol. Asimismo, planteó viabilizar la importación de gas desde Venezuela mediante la reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte en un plazo no mayor a 18 meses, aprovechando que al otro lado de la frontera se queman diariamente 2 billones de pies cúbicos por día de gas asociado.
Autoabastecimiento de largo plazo: Reactivar la exploración continental y convocar a nuevas rondas por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). El directivo recordó que un contrato de exploración y producción toma alrededor de 6 años para declarar la comercialidad y que el país no puede demorarse entre 9 y 10 años para ver la primera molécula de descubrimientos como Sirius (hallado en 2022 y cuyo inicio de producción se prevé para finales de 2030 o 2031 debido a trabas en consultas previas y licencias ambientales.
Impacto socioeconómico y ambiental para el país
La ejecución de este plan de inversiones permitiría incorporar entre 550 y 750 millones de pies cúbicos diarios de gas nacional, generando beneficios directos para los usuarios y la economía colombiana:
Reducción de la pobreza energética: Permite sacar a cerca de 3 millones de personas de la pobreza energética, reduciendo este indicador del 15% actual a un dígito (cercano al 9%).
Aporte al crecimiento económico: Aportes al PIB nacional de entre 7 y 10 billones de pesos anuales (equivalentes al 0,5% del PIB).
Generación de empleo: Creación de 35.000 puestos de trabajo (25% directos y 75% indirectos o inducidos).
Recaudación fiscal: Generación de 1,5 a 2 billones de pesos anuales en impuestos (60%) y regalías (40%).
Ahorro en la factura nacional: Reducción de 10 billones de pesos al año (USD 2.800 millones) en la factura por importación de GNL, además de generar ahorros por menor costo energético industrial de USD 4.000 millones anuales por sustitución de molécula importada por gas local.
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