La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, emitió una alerta sobre las graves consecuencias económicas que enfrenta el aparato productivo de Colombia debido al Decreto 173 de 2026, especialmente por el impacto que tendría sobre el patrimonio de las empresas.
Según la dirigente, el país se encuentra al borde de un “frenazo empresarial” debido a la presión de liquidez que impone este tributo, cuyo plazo para el pago de la segunda cuota vence el próximo 4 de mayo.
La crítica central de Gutiérrez radica en la naturaleza del gravamen. A diferencia de los impuestos tradicionales que recaen sobre las utilidades, el Decreto 173 —expedido en el marco de una emergencia económica— impone una carga sobre el patrimonio de las personas jurídicas.
Esto significa que las empresas deben pagar por lo que poseen (su capital productivo) y no por lo que efectivamente ganan, desconociendo su capacidad real de pago.
Esta medida obliga a las organizaciones a endeudarse, recortar inversiones o comprometer su operación diaria para cumplir con la obligación fiscal, lo que genera una presión directa sobre la caja de las compañías.
Para la líder gremial, “cuando se castiga el patrimonio, se frena la inversión, se aplaza el crecimiento y se pone en riesgo el empleo“.
Contexto de crisis fiscal y gasto público
El análisis económico presentado por el Consejo Gremial destaca que el problema de la nación no es de ingresos, sino de disciplina en el gasto. Gutiérrez subrayó que, entre 2022 y 2025, el gasto primario creció 2,7 puntos del PIB, mientras que los ingresos permanecieron estancados.
En 2025, el déficit del Presupuesto General de la Nación alcanzó un 6,4% del PIB, niveles comparables a la crisis de fin de siglo o la pandemia, pero sin un choque macroeconómico externo que lo justifique.
Como evidencia de lo que denomina un manejo ineficiente, se citó la creación de 40.533 nuevos cargos públicos y la firma de más de 6.800 nuevos contratos de prestación de servicios en el Gobierno, en lugar de priorizar la inversión pública.
Esta situación ha contribuido a una menor confianza en los mercados y a la rebaja en la calificación crediticia de Colombia por parte de agencias como Standard & Poors.
Riesgo sistémico y llamado a la Corte Constitucional
La preocupación gremial va más allá de lo financiero; advierten sobre un riesgo sistémico. La imposibilidad de pago podría derivar en acciones legales contra empresas que, incluso habiendo acudido a la justicia, no han podido cumplir con el tributo.
Llamado a la Corte y suspensión inmediata
Ante la inminencia del vencimiento de la segunda cuota del impuesto este 4 de mayo, el Consejo Gremial ha propuesto formalmente la suspensión temporal de los efectos del Decreto 173 mientras se produce una decisión jurídica de fondo.
Gutiérrez enfatizó que el papel de la Corte Constitucional es clave en esta coyuntura para evitar que el daño al tejido empresarial se vuelva irreversible, señalando que el país tiene el reto de no normalizar medidas de excepción que pongan en jaque la supervivencia del aparato productivo nacional.
“La urgencia es real“, sentenció la dirigente, advirtiendo que persistir en este camino solo profundizará la crisis de confianza y el deterioro económico de los colombianos.
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