Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, expresó el rechazo del sector empresarial ante los recientes requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que buscan obtener información detallada sobre los parámetros de fijación de precios y políticas de descuentos de las compañías. Según la líder gremial, estas exigencias vulneran la libertad económica y los principios constitucionales que rigen la actividad privada en el país.
Gutiérrez fue enfática al señalar que la Constitución Nacional es clara en su Artículo 333, el cual protege la reserva comercial y establece que el Estado no puede coadministrar empresas privadas. La dirigente sostuvo que, si bien la SIC tiene facultades de inspección y vigilancia, estas no deben confundirse con el acoso ni con la solicitud masiva y preventiva de la lógica interna de precios.
“Vigilar mercados nada tiene que ver con exigir cómo se fijan precios o márgenes”, afirmó Gutiérrez, subrayando que inspeccionar no es acosar. Para el Consejo Gremial, tratar a todas las empresas como sospechosas sin indicios de ilegalidad representa un riesgo jurídico que socava la confianza en el mercado.
Desde la perspectiva económica, el gremio advierte que cuando el regulador intenta controlar márgenes, fórmulas o algoritmos, está ejerciendo una forma de control de precios indirecto. Gutiérrez advirtió que la reserva comercial no es un privilegio, sino una garantía constitucional no negociable.
La preocupación radica en que este tipo de intromisiones debilitan el marco que hace posible la inversión y la innovación. “Hoy se pide información, mañana se decidirán los precios de forma centralizada y pasado mañana no habrá empresas ni productividad”, afirmó la líder gremial como advertencia sobre el futuro del entorno empresarial.
El llamado a la ejecución estatal
Finalmente, el Consejo Gremial Nacional destacó que el verdadero desafío de Colombia no radica en la rentabilidad de las empresas, sino en la falta de ejecución por parte del Estado. Gutiérrez argumentó que cuando el Gobierno deja de corregir sus propias fallas para empezar a “disciplinar al mercado”, las consecuencias directas son la pérdida de empleo, la caída en la inversión y el estancamiento del crecimiento económico.
El sector empresarial reiteró su apoyo a la sanción de prácticas anticompetitivas que estén debidamente probadas, pero insistió en que defender la libertad de empresa no es defender abusos, sino proteger el sistema que permite la generación de bienestar en el país.
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