Contraloría advierte riesgos para el ahorro pensional y las finanzas públicas por decreto de repatriación de capitales

Un análisis técnico de la Contraloría General de la República concluye que el proyecto de decreto para repatriar inversiones de los fondos de pensiones en el exterior representaría esfuerzos fiscales adicionales para la sostenibilidad del sistema y pondría en riesgo la rentabilidad del ahorro de millones de colombianos.

Según el organismo, una menor rentabilidad de los fondos incrementaría la presión fiscal y podría comprometer la estabilidad del sistema pensional.

La iniciativa del Ministerio de Hacienda propone reducir el límite de inversión en el exterior del 49% actual a un 30% en un periodo de cinco años. Este ajuste implicaría los siguientes movimientos de capital hacia el mercado local:2028: Repatriación de aproximadamente $100,3 billones (límite del 35%). 2030: Repatriación de cerca de $177,8 billones (límite del 30%).

La Contraloría ha identificado múltiples factores de riesgo que podrían afectar directamente a los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El primero es la baja rentabilidad local. Históricamente, las inversiones en Colombia han rendido menos que las internacionales. Mientras un portafolio diversificado ha rendido un 8,5% anual, uno invertido exclusivamente en el país habría registrado solo un 3,8% en el mismo periodo.

Reducción de la mesada pensional. Las simulaciones indican que la brecha de rendimientos podría resultar en un saldo acumulado hasta 29,5% menor al momento de la jubilación, afectando el valor de la mesada.

Pérdida de diversificación. De acuerdo con el análisis, limitar la inversión externa reduce la rentabilidad ajustada por riesgo, guiando la asignación de recursos más por necesidades fiscales que por criterios técnicos.

Incertidumbre en proyectos locales. No existe certeza sobre qué proyectos o alternativas de inversión nacional tendrían la capacidad de absorber el flujo de capital adicional, que elevaría la participación local en los portafolios del 51% al 69%.

Repercusiones fiscales y la Reforma Pensional

El impacto no se limita a los ahorradores, sino que se extiende a las finanzas del Estado. Bajo la Constitución Política, el Estado es garante de la pensión, por lo que si los recursos rentan menos, el Gobierno deberá asumir el faltante para las pensiones mínimas, aumentando el riesgo de déficit fiscal.

En el contexto de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional), la situación es crítica debido a que el número de afiliados activos comenzará a disminuir a partir de 2037. Una reducción en los rendimientos obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar los pagos, especialmente en el periodo comprendido entre 2037 y 2052.