En un hallazgo que ha sacudido los cimientos del sector eléctrico colombiano, la Contraloría General de la República reveló que un contrato destinado a modernizar la administración del mercado de energía terminó en una pérdida superior a los USD 26 millones.
El sistema tecnológico, que debía ser la piedra angular de la eficiencia operativa del país, nunca entró en funcionamiento, a pesar de que se realizaron pagos millonarios durante años.
La investigación, originada por una denuncia del Ministerio de Minas y Energía, puso bajo la lupa a XM, encargada de operar y administrar el Sistema Interconectado Nacional (SIN) de energía y el Mercado de Energía Mayorista (MEM).
El objetivo central era la implementación del Sistema de Administración del Mercado, una plataforma diseñada para automatizar, centralizar procesos y fortalecer la transparencia sectorial.
Sin embargo, lo que debió ser un avance tecnológico se convirtió en lo que el presidente Gustavo Petro calificó como una pérdida “increíble” de recursos que salen directamente de la tarifa de energía que pagan los usuarios.
Un sistema “fantasma” con costos reales
El informe del ente de control detalla dos hallazgos principales que componen el detrimento patrimonial. El primero es el desembolso de USD 15,6 millones por desarrollo incumplido, monto que corresponde al contrato con el Consorcio Siemens Endimensions.
La Contraloría halló que a pesar de múltiples prórrogas y retrasos constantes desde el año 2013, el software nunca fue entregado de manera completa ni recibido a satisfacción por XM.
El segundo tiene que ver con USD 10,5 millones en soporte de lo inexistente, el hallazgo más llamativo para la Contraloría, consistente en el pago de servicios de mantenimiento, soporte técnico y capacitación sobre un sistema que no operaba o ni siquiera existía. Se realizaron pagos por acompañamiento técnico a componentes que no estaban integrados, lo que contradice la lógica contractual básica.
La supervisión de XM no logró evitar la pérdida de estos fondos públicos, y las acciones legales contra el consorcio solo se activaron cuando el daño ya estaba materializado. Ante esta situación, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha sido tajante: “Si ese sistema no existe hoy, ese dinero debe ser devuelto”.
El Gobierno Nacional no descarta una intervención estatal en XM (cuyo accionista principal es ISA), indicando que esa intervención sería para proteger los recursos de los usuarios y garantizar la transparencia. Mientras tanto, XM informó que en mayo de 2024 inició acciones judiciales para buscar una indemnización por perjuicios y recuperar la inversión.
Se espera que este informe dé lugar a rigurosas investigaciones penales, fiscales y disciplinarias para determinar la negligencia en el uso de estos fondos que superan los 100.000 millones de pesos.
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