*El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a ministros, directores de departamentos administrativos y responsables de entidades estatales revisar, contrato por contrato, cómo se están manejando los recursos públicos. La medida busca detectar concentración de negocios, intermediaciones, sobrecostos y posibles favorecimientos.
El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una ofensiva contra lo que calificó como las “roscas” de la contratación pública y ordenó una revisión profunda de los procesos contractuales de todo el Gobierno nacional.
La instrucción fue impartida durante el Consejo de Ministros realizado durante más de siete horas en Barranquilla y contempla revisar “ministerio por ministerio, entidad por entidad y empresa por empresa” los contratos que se están adjudicando y ejecutando con recursos públicos.
“Vamos a revisar cada rincón del Estado para desmontar dentro de la ley las roscas, los monopolios y las redes que hayan convertido la contratación pública en un negocio reservado para pocos”, afirmó el mandatario.
Mapa de los contratistas del Estado
Uno de los principales componentes de la orden presidencial será la construcción de un mapa de concentración contractual, con el que el Gobierno pretende establecer qué personas, empresas o firmas han contratado de manera recurrente con el Estado, cuánto dinero han recibido, bajo qué modalidades fueron seleccionadas y cuáles fueron los resultados de esos contratos.
De la Espriella puso especial atención en los contratos de prestación de servicios, con el propósito de identificar intermediaciones que considere innecesarias, contrataciones sin suficiente justificación y estructuras de contratistas que hayan permanecido durante años alrededor de determinadas entidades.
El jefe de Estado aseguró que las reglas deberán ser iguales para todos y que no habrá excepciones.
“Aquí no va a haber privilegios para nadie en este gobierno”, sostuvo.
La revisión también buscará establecer si existen indicios de favorecimiento o concentración de contratos en pocos contratistas y si los procesos de selección, ejecución y destinación de los recursos se ajustaron a la ley.
Abogados, interventorías y contratos de eventos, bajo la lupa
La orden presidencial también incluye los contratos de abogados externos, firmas jurídicas, apoderados y liquidadores. De la Espriella anunció que se revisará cuánto cuestan estos servicios, cómo fueron seleccionados y qué resultados han producido.
El mandatario planteó, además, que cuando jurídicamente sea posible se utilicen mecanismos públicos y abiertos de selección, incluido un sorteo abierto para determinados servicios jurídicos, con el argumento de evitar que esos negocios permanezcan concentrados en las mismas personas o firmas.
La lupa también estará puesta sobre interventorías, consultorías, auditorías y supervisiones, así como sobre los contratos de eventos, producción, logística y activaciones conocidas como BTL.
En estos últimos casos, el Gobierno buscará establecer cuánto se está gastando, cómo fueron seleccionados los contratistas y si los precios corresponden realmente a los servicios prestados.
También serán examinados los contratos relacionados con actividades de lobby, representación de intereses e intermediación ante entidades estatales.
No más renovaciones automáticas
Otro de los mensajes centrales del presidente fue contra las renovaciones de contratos que, según dijo, se mantienen simplemente porque “siempre se ha hecho así”.
De la Espriella afirmó que cada contratación deberá estar sustentada en criterios de necesidad, idoneidad, precio, resultados y cumplimiento de la ley.
“No quiero renovaciones automáticas ni negocios que continúen simplemente porque siempre se ha hecho así”, señaló.
La revisión alcanzará igualmente los convenios interadministrativos, especialmente aquellos celebrados con universidades públicas, para determinar si corresponden realmente a mecanismos de cooperación entre entidades o si son utilizados para evitar procesos competitivos y trasladar posteriormente la ejecución de los recursos a terceros.
La revisión también apunta al tamaño del Estado
La ofensiva contra las “roscas” no se limitará a los contratos. El Gobierno también anunció una revisión de la estructura estatal para determinar si existen entidades, dependencias o programas que cumplen funciones similares, generan duplicidad de tareas o representan gastos que pueden reducirse.
La apuesta del mandatario es avanzar hacia un Estado más pequeño y, según su planteamiento, más eficiente, mediante eventuales fusiones o supresiones de entidades y una reducción de gastos de funcionamiento.
La medida adquiere especial relevancia en medio de las dificultades fiscales que enfrenta el país y de las necesidades de recursos para atender la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de agosto.
De la Espriella insistió en que el Estado no puede tener “dueños” y que los contratos públicos tampoco pueden convertirse en negocios permanentes para determinados grupos.
“Hay que romper la rosca”, enfatizó el presidente, al advertir que su Gobierno identificará a quienes hayan convertido la contratación estatal en un mecanismo de beneficio para unos pocos.
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