De la Espriella se compromete a pagar deudas con generadoras para evitar un “apagón financiero”

En su primera alocución como mandatario electo, Abelardo De La Espriella lanzó una advertencia sobre la inminente crisis energética que heredará su administración, calificando la situación dejada por el gobierno saliente como un “desastre“.

Como medida prioritaria para conjurar el riesgo de racionamiento, el próximo jefe de Estado anunció que su gobierno trabajará de la mano con el equipo económico para honrar todas las obligaciones pendientes con los generadores de energía.

Esta decisión surge tras las constantes alertas de diversas agremiaciones sobre un déficit de caja que amenaza con provocar un “apagón financiero” en el país.

Al garantizar el pago de las deudas acumuladas, De La Espriella busca brindar estabilidad y certidumbre tanto a las empresas generadoras como al sector financiero, asegurando así la continuidad del servicio eléctrico para los colombianos.

“Espero que entre todos evitemos un posible racionamiento“, manifestó el presidente electo durante su intervención.

El gobierno tiene estos compromisos a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que tiene intervenida a Air-e, empresa que mantiene obligaciones cercanas a los $2,7 billones de pesos con agentes del mercado, de los cuales $1,7 billones corresponden a generadores térmicos que, a su vez, dependen de estos recursos para importar el 30 % del gas natural que requiere el país.

Un plan integral frente a la insolvencia

El compromiso de pago es solo una de las aristas de la estrategia para reactivar el sector energético. El plan de gobierno contempla además: la realización de nuevas subastas de cargo por confiabilidad para asegurar la expansión de la capacidad, y la modernización de las redes de distribución eléctrica.

El anuncio de estos pagos se da en un contexto fiscal sumamente complejo. De La Espriella denunció que la deuda pública ha alcanzado el nivel más alto de la historia, con un saldo de TES que llega a los $763,6 billones, lo que representa un incremento de cerca de $41 billones respecto al cierre de 2025.

El proceso de empalme, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, cuenta con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha destinado US$60 millones no reembolsables para apoyar la transición ante la magnitud del “desgobierno” reportado por la administración entrante.

Con estas medidas, el nuevo gobierno busca blindar al sector energético de la insolvencia y garantizar que el suministro de energía no se convierta en un obstáculo para el desarrollo nacional.