El Gobierno Nacional dio a conocer el proyecto de ley que busca el sometimiento a la justicia de las bandas criminales que operan en Colombia.
En tal sentido el ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó que la iniciativa de 54 artículos, contempla un proceso de sometimiento a la justicia ordinaria sin ningún tipo de procedimiento especial o jurisdicción nueva.
Igualmente, la aplicación de una pena de cuatro a ocho años de cárcel y cuatro años de libertad condicional y penas restaurativas de aquellos delincuentes que se sometan colectivamente.
“La oferta que el Estado colombiano les ofrece a estas estructuras armadas, si el Congreso lo acepta, es que, si cumplen con los requisitos de entrega de verdad, aceptación de responsabilidad penal, desmantelamiento de la banda y reparación a las víctimas, se les sustituirá la pena ordinaria que les corresponde según la ley, por una que irá entre seis a 8 años de cárcel efectiva, sin beneficios y luego 4 años más de actividad restaurativa en libertad condicional”, precisó el jefe de la cartera de Justicia.
“Es decir, justicia ordinaria, sanciones efectivas de prisión en establecimientos penitenciarios, ordinarios en las cárceles del Inpec, pero adicionalmente, después de la permanencia en la cárcel tendrán un periodo de actividades restaurativas”, explicó el alto funcionario a propósito de este proyecto de ley que será presentado a consideración del Congreso de la República este jueves 16 de febrero.
A juicio del gobierno este proyecto de Ley de sometimiento es totalmente compatible con las obligaciones de Colombia con el Derecho Internacional Humanitario, en temas como la lucha contra la impunidad de crímenes atroces, entre otros delitos graves.
SIN ESTATUS POLÍTICO
El ministro de Justicia agregó que no se les concederá estatus político y de beligerancia a los grupos delincuenciales que se acojan, dado que es un proceso socio-jurídico.
También se establece con respecto a los bienes que entreguen los integrantes de estas bandas, que aquellos que cumplan con todos los requisitos que la ley establece, podrán tener hasta el 6 % de los bienes entregados.
Se contempla además una contrastación de la información entregada por los criminales, y será un juez, quien finalmente tome la determinación.
El proyecto respeta y tiene como eje a las víctimas, no solo participarán de manera efectiva acompañadas por el Ministerio Público, sino que también se tendrán mecanismos de justicia restaurativa para el goce efectivo de los derechos y las garantías de no repetición.

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