Fiscalía imputará cargos al exministro Ricardo Bonilla en caso de UNGRD

La Fiscalía General de la Nación ha decidido imputar cargos por tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Bonilla, quien renunció a su cargo en diciembre de 2024 tras revelaciones de su exasesora María Alejandra Benavides, es señalado por presuntamente haber dirigido una red de contratación irregular que favoreció a congresistas a cambio de apoyo político.

Según la Fiscalía, Bonilla habría coordinado con Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, el direccionamiento de contratos en municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor superior a 90.000 millones de pesos.

Estos contratos habrían sido adjudicados a congresistas de la Comisión de Crédito Público, entre ellos Wadith Manzur, Karen Manrique y Julián Peinado, quienes, según las investigaciones, habrían recibido sobornos a cambio de su apoyo en la aprobación de empréstitos nacionales.

La implicación de Bonilla se sustenta en testimonios de colaboradores como María Alejandra Benavides, quien ha declarado que el exministro instruyó directamente el direccionamiento de estos contratos.

Salpicados varios funcionarios

Además, la Fiscalía ha calificado este caso como una “organización criminal” que operó desde mayo de 2023 hasta marzo de 2024, cometiendo varios delitos.

Ricardo Bonilla ha rechazado las acusaciones, afirmando que nunca ha cometido actos ilegales y que su compromiso con las finanzas públicas sigue intacto. Ha expresado su disposición a enfrentar las responsabilidades que determinen las autoridades judiciales.

Este caso forma parte de un escándalo de corrupción que ha salpicado a varios altos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, incluyendo a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, quienes también están siendo investigados por su presunta participación en la red de sobornos y contratación irregular.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en este entramado de corrupción que ha afectado a la UNGRD.