Los Ministerios de Hacienda y de Trabajo expresaron su preocupación ante la reciente decisión del Consejo de Estado de suspender parcialmente los efectos del Decreto 415 de 2026, que ordenaba a las EPS trasladar recursos a Colpensiones.
La medida cautelar, adoptada bajo un trámite de urgencia, ha encendido las alarmas en el Ejecutivo por las implicaciones que tendría sobre la estabilidad financiera del modelo público de pensiones.
Los jefes de las carteras económica y laboral, Germán Ávila Plazas y Antonio Sanguino Páez, señalaron que, si bien respetan la independencia judicial, la decisión se tomó de forma “excepcionalmente expedita” y sin un debate contradictorio suficiente.
Según el Gobierno, esta suspensión afecta la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores y la coherencia financiera del sistema diseñado bajo el Artículo 76 de la Ley 2381 de 2024.
El punto central de la disputa radica en el control de los ahorros de más de 120.000 trabajadores que optaron por trasladarse al régimen público administrado por Colpensiones. Los ministerios sostienen que existe una tensión evidente, pues los fondos privados pretenden mantener el usufructo de estos recursos a pesar de que el Estado ya ha asumido las obligaciones pensionales de dichos ciudadanos.
“No es admisible que mientras el sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los recursos permanezcan en administración privada“, señala el pronunciamiento oficial, calificando la situación de inequitativa y contraria a los principios constitucionales de destinación específica de la seguridad social.
Exigencia de traslado inmediato para pensionados
A pesar de la suspensión parcial del decreto, el Consejo de Estado mantuvo vigente el giro de recursos para un grupo crítico: cerca de 25.000 personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo pagadas actualmente por Colpensiones.
Ante esto, el Gobierno ha sido tajante: los fondos privados deben proceder sin dilación alguna al traslado efectivo de estos recursos dentro de los plazos establecidos. Esta exigencia busca asegurar el flujo de caja necesario para cumplir con el pago oportuno de las mesadas ya reconocidas a este grupo de jubilados.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo confirmaron que ejercerán todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso judicial para defender el interés general y la protección del ahorro pensional.
El Gobierno insiste en que la implementación de una reforma estructural de este calado requiere un debate con rigor y respeto por el debido proceso, evitando decisiones apresuradas que comprometan el bienestar de millones de colombianos.
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