El Gobierno pondrá en marcha la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), con la que busca trasladar a cabecillas de alto perfil a embarcaciones de la Armada para impedir que sigan dirigiendo extorsiones y redes criminales desde las cárceles tradicionales.
El presidente Abelardo de la Espriella prepara una de las estrategias penitenciarias más radicales de los últimos años en Colombia: la adecuación de buques de alta seguridad como cárceles en altamar para recluir a los mayores extorsionistas, narcotraficantes y cabecillas de organizaciones criminales que continúan impartiendo órdenes desde los centros penitenciarios.
La iniciativa, denominada Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), tiene un objetivo central: romper las comunicaciones de los máximos jefes criminales y evitar que sigan coordinando extorsiones, homicidios y otras actividades delictivas desde prisión.
La medida surge en medio de la preocupación por el poder que algunos delincuentes conservan aun estando privados de la libertad. Desde las cárceles, según las autoridades, varios cabecillas continúan manejando estructuras criminales, ordenando cobros extorsivos y coordinando acciones contra comerciantes, transportadores, empresarios y ciudadanos.
El plan del Gobierno contempla la adecuación de fragatas y otras embarcaciones oficiales de la Armada Nacional para convertirlas en espacios especiales de reclusión de alta seguridad.
La estrategia será desarrollada de manera conjunta por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Justicia, el INPEC y la Armada de Colombia.
Alto nivel de aislamiento
El principal propósito es lograr un nivel de aislamiento que dificulte al máximo el uso de teléfonos, dispositivos tecnológicos, redes de comunicación y contactos no autorizados, así como limitar el contacto con las estructuras criminales que operan en tierra.
Los primeros candidatos para este modelo serían cabecillas de alto perfil del narcotráfico y determinadores de extorsiones urbanas generalizadas, especialmente aquellos que, pese a estar recluidos, conservan capacidad para ejercer control y dar órdenes a sus organizaciones.
“La idea es que quienes han convertido las cárceles en centros de operaciones criminales pierdan la capacidad de seguir delinquiendo desde prisión”, es la lógica de seguridad detrás de la estrategia REMAS.
El objetivo: que los criminales dejen de mandar desde las cárceles
La iniciativa parte de un diagnóstico que preocupa a las autoridades: la cárcel no siempre ha significado el fin de las operaciones criminales para algunos jefes de organizaciones ilegales.
Por el contrario, en varios casos, los cabecillas mantienen contacto con sus estructuras a través de teléfonos celulares, visitas irregulares, redes de corrupción o comunicaciones clandestinas.
Por ello, el Gobierno de De la Espriella busca que el traslado a buques cárcel en altamar permita establecer una barrera física y tecnológica mucho más difícil de vulnerar.
El propósito es impedir que desde los centros de reclusión continúen saliendo órdenes relacionadas con: Extorsiones a comerciantes y empresarios, amenazas contra ciudadanos, cobros ilegales, homicidios selectivos, control territorial, operaciones del narcotráfico y coordinación de estructuras delincuenciales.
La estrategia, según el planteamiento conocido, apunta especialmente contra los máximos responsables, bajo la premisa de que desarticular la capacidad de mando de los cabecillas puede afectar directamente el funcionamiento de sus organizaciones.
Colombia ya utilizó cárceles flotantes en 2007
Aunque la propuesta ha generado impacto por su radicalidad, la idea de utilizar buques como lugares de reclusión no es completamente nueva en Colombia.
En 2007, durante el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, algunos de los criminales más peligrosos del país fueron recluidos temporalmente en embarcaciones de guerra.
Entre ellos estuvieron Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, y Diego Fernando Montoya, alias ‘Don Diego’, dos de los nombres más temidos del paramilitarismo y el narcotráfico.
El objetivo de aquella medida también era limitar su capacidad para continuar desarrollando actividades ilegales antes de su extradición.
Ahora, casi dos décadas después, el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca retomar esa experiencia mediante la creación de un modelo especial de reclusión marítima, adaptado a la actual crisis de extorsión y criminalidad.
REMAS enfrentará una fuerte batalla jurídica
La implementación de las cárceles en buques también abrirá un complejo debate judicial.
El Gobierno anticipa que los abogados de los internos que sean trasladados podrían presentar recursos y demandas argumentando posibles vulneraciones a derechos fundamentales.
Entre los principales cuestionamientos estarían: El derecho a mantener vínculos familiares, las condiciones para el acceso de familiares y abogados, el derecho a recibir visitas, las garantías para la defensa judicial, las condiciones de reclusión y los procesos de resocialización.
Uno de los mayores desafíos será determinar cómo funcionarán, en la práctica, las visitas y los encuentros con abogados cuando los internos estén recluidos en embarcaciones ubicadas en altamar.
Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que está dispuesto a defender jurídicamente el proyecto y sostiene que la prioridad es evitar que los criminales más peligrosos continúen utilizando las cárceles como oficinas para ordenar delitos.
La apuesta de De la Espriella contra la extorsión
La creación de los buques cárcel se convierte así en una de las apuestas más fuertes del Gobierno en materia de seguridad penitenciaria.
Para el Ejecutivo, el problema no se limita a capturar y encarcelar a los cabecillas. El desafío consiste en impedir que, una vez tras las rejas, sigan manteniendo intacto su poder de mando.
La pregunta ahora será si la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS) logra superar los desafíos legales y operativos necesarios para entrar en funcionamiento.
Si el plan avanza, Colombia podría volver a tener cárceles flotantes para los delincuentes más peligrosos del país, en una ofensiva que busca enviar un mensaje contundente a las organizaciones criminales: estar preso deberá significar perder el control sobre las estructuras que siguen delinquiendo en las calles.
La propuesta se perfila como una de las decisiones de seguridad más polémicas y ambiciosas de Abelardo de la Espriella, y podría marcar un nuevo capítulo en la lucha contra la extorsión en Colombia.
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