Gobierno prepara nuevo Código Nacional de Tránsito para frenar abusos y aliviar el bolsillo de colombianos

Por instrucción de la Presidencia de la República, el Ministerio de Transporte inició oficialmente la preparación del borrador para un nuevo Código Nacional de Tránsito. Esta ambiciosa reforma busca reemplazar y actualizar a fondo una legislación que cuenta con más de veinte años de antigüedad y que, a pesar de haber pasado por cinco reformas previas, sigue desconectada de la realidad y del bolsillo de los ciudadanos.

Bajo el liderazgo de la ministra de Transporte, Elsa Noguera, el proyecto se estructura con un doble propósito fundamental: salvaguardar la vida en las vías y poner fin a los cobros desproporcionados y trámites innecesarios que golpean la economía de los colombianos.

Según ha manifestado la presidencia, el esquema actual genera abusos donde la suma de sanciones, intereses, patios y grúas puede superar con creces un salario mínimo, obligando en muchos casos a que los trabajadores pierdan el carro o la moto con la que sustentan a sus familias.

Los cambios clave que incluirá la reforma

La propuesta del nuevo código plantea una reestructuración profunda centrada en la equidad, la sencillez y la transparencia. Entre las principales modificaciones que se contemplan en el borrador destacan:

Multas proporcionales a la capacidad económica: Se establecerá un esquema de sanciones financieras justas y calculadas con base en la capacidad económica real de los conductores para evitar condenas financieras familiares.

Reducción de tarifas en RUNT y SIMIT: Se aliviarán los costos y cobros asociados a los trámites del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Cursos de tránsito más accesibles: Se reducirá el valor de los cursos educativos obligatorios para infractores.

Mayor vigencia para las licencias de conducción: Se ampliarán los plazos de validez de las licencias, disminuyendo la frecuencia de renovación y los gastos que esto conlleva.

Plazos más razonables para la revisión técnico-mecánica: Se ajustarán los tiempos de exigencia de este diagnóstico obligatorio bajo criterios más racionales.

Simplificación de trámites: Se desmontarán barreras burocráticas ineficientes para agilizar los procesos administrativos y eliminar sobrecostos innecesarios para millones de ciudadanos.

Con esta iniciativa, el Gobierno nacional busca garantizar que el control de la seguridad vial y las normativas de tránsito dejen de ser percibidos como “negocios” que afecten injustamente a las familias colombianas, devolviéndoles un enfoque estrictamente de protección de la vida, equidad y sencillez.