Gremios alertan por “impuesto a la inversión”: Andi y AmCham piden suspender el tributo al patrimonio

Gremios del sector productivo del país, consideran que la economía y el sector empresarial colombiano enfrentan un riesgo inminente con la entrada en vigencia, a partir de la próxima semana, del nuevo impuesto al patrimonio.

Este tributo, decretado por el Gobierno Nacional bajo el marco de una cuarta emergencia económica —esta vez por la situación invernal—, ha generado una fuerte reacción de los principales líderes gremiales del país, quienes cuestionan tanto su sustento técnico como su constitucionalidad.

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, calificó la medida como “altamente inconveniente” y técnicamente cuestionable, señalando que al gravar la diferencia entre activos y pasivos, se penaliza directamente a quien decide ahorrar e invertir en el país.

Según el dirigente, este gravamen actúa como un “impuesto a la inversión, a la creación de empleo y al crecimiento del aparato productivo”, una figura que, asegura, es prácticamente inexistente en el resto del mundo por sus efectos nocivos.

Mac Master también expresó serias dudas sobre el monto que el Gobierno pretende recaudar, advirtiendo que no existe una justificación probada ni claridad sobre cómo se invertirán esos recursos para atender específicamente la emergencia, tal como lo exige la Constitución y la Corte Constitucional.

Además, alertó que la medida comprometerá la competitividad tributaria de Colombia y afectará la liquidez de las empresas, obligando a algunas a endeudarse o vender activos para cumplir con la obligación.

Un punto crítico señalado por la Andi es que este impuesto ya había sido presentado y negado previamente en el Congreso de la República, y ahora se impone mediante mecanismos excepcionales. Por ello, el gremio ha solicitado formalmente a la Corte Constitucional suspender la aplicación del tributo hasta que se defina de fondo su legalidad.

AmCham Colombia se une al llamado de urgencia

En la misma línea, la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia) ha manifestado su preocupación ante la falta de seguridad jurídica que rodea este decreto. María Claudia Lacouture, presidenta del gremio, hizo un llamado respetuoso pero urgente a la Corte Constitucional para que emita una “decisión en derecho” antes del 1° de abril, fecha en la que vence el plazo para pagar la primera cuota.

Lacouture enfatizó que el país requiere “realismo institucional y una respuesta oportuna” para cerca de 15.000 empresas que se ven impactadas por esta carga tributaria.

La incertidumbre sobre la constitucionalidad del impuesto mantiene en vilo al sector privado, que espera un pronunciamiento judicial que brinde claridad antes de que se materialicen los pagos previstos para el próximo mes.