La Fiscalía General de la Nación ha formalizado la imputación de cargos en contra de dos magistrados del Tribunal Administrativo de Atlántico y un ex procurador judicial, por presuntas actuaciones irregulares que habrían permitido la venta fraudulenta de dos predios que contaban con medidas cautelares.
Los magistrados imputados son Judith Inmaculada Romero Ibarra y Luis Carlos Martelo Maldonado, a quienes se suma el ex procurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez. Todos ellos deberán responder por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación.
La investigación se deriva de supuestas acciones irregulares cometidas por los funcionarios, las cuales posibilitaron la comercialización de dos terrenos conocidos como Cuba y Casablanca, situados en el corredor vial que conecta Barranquilla y Puerto Colombia.
Según las evidencias recopiladas por la Fiscalía, entre los años 2009 y 2010, los funcionarios avalaron un acuerdo que dio luz verde a la comercialización directa de dichos terrenos.
Esta acción fue llevada a cabo a pesar de que ambos predios estaban afectados por medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio.
Desproporción en el valor
Una de las principales irregularidades señaladas es la desproporción en el valor de la transacción. La venta de los terrenos ascendió en su momento a aproximadamente 3.500 millones de pesos, una cifra que estaba muy por debajo de su valor real, el cual superaba los 36.000 millones de pesos.
En esencia, la investigación de la Fiscalía encontró que los predios habrían sido vendidos por un valor diez veces menor al del avalúo registrado.
El ente investigador sostiene que la aprobación de esta operación habría favorecido a particulares y ocasionado un grave detrimento patrimonial.
Solo en el caso del predio Casablanca, se configuró un daño patrimonial cercano a los 20.000 millones de pesos. En cuanto al predio Cuba, se tipificó una tentativa de apropiación, dado que el perjuicio no se consumó completamente.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia indican que tanto el entonces procurador como los dos magistrados tenían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre estos bienes, pero aun así facilitaron la venta.
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