En rueda de prensa el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, esclareció los motivos detrás de la sorpresiva suspensión del traslado de Digno Palomino, líder de “Los Pepes”, y Jorge Eliécer Díaz, alias “Castor”, jefe de “Los Costeños”, a una cárcel de Barranquilla.
Aunque la noticia de la suspensión coincidió con fuertes críticas emitidas por el alcalde Alejandro Char y dirigentes gremiales, el ministro Idárraga fue enfático al declarar que la decisión no obedeció a los cuestionamientos de la administración distrital.
Según el funcionario, la medida de frenar el traslado —que inicialmente buscaba sostener la tregua entre ambas bandas pactada hasta el 20 de enero— se debió estrictamente a “una falta de cumplimiento de acuerdos y compromisos” por parte de estas estructuras criminales con la mesa de diálogo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
De acuerdo con las declaraciones del ministro, el pasado fin de semana surgieron “una serie de contradicciones” entre el equipo negociador del Gobierno y los cabecillas criminales, relacionados con incumplimientos, lo que invalidó los traslados que ya estaban autorizados.
Idárraga señaló que el Ministerio de Justicia funciona únicamente como un vehículo para materializar los acuerdos de paz, pero que la decisión final sobre la continuidad de estos movimientos depende de la evaluación que haga el comisionado Otty Patiño sobre el cumplimiento de lo pactado.
Puntos que motivaron la suspensión
Según el funcionario, antes de proceder con cualquier traslado, es imperativo que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz realice entrevistas a los jefes de ambas bandas para definir con precisión quiénes serían trasladados, con qué propósito y qué funciones cumplirían.
Afirmó que se reportó que las bandas no han honrado la totalidad de los acuerdos establecidos en el marco de los diálogos exploratorios de la “paz urbana”.
El Gobierno Nacional sostiene que la prioridad es la protección de la vida en Barranquilla y que los traslados no tienen como fin permitir que los delincuentes operen “más cerquita”, sino facilitar el proceso de desarme y reducción de delitos como la extorsión y el asesinato.
El malestar de la Alcaldía de Barranquilla
A pesar de las aclaraciones del Ministerio, a propósoitom de los señalados incumplimientos de los cabecillas, el clima de tensión en la ciudad persiste. La Alcaldía de Barranquilla había manifestado su preocupación al no haber sido informada ni consultada en una coordinación técnica previa para evaluar el impacto de tener a estos dos cabecillas de alto perfil criminal en el territorio.
La administración local advirtió sobre el riesgo de que las cárceles de la ciudad se conviertan en “centros de mando criminal” y que la mesa de diálogo se transforme en un escenario para el fortalecimiento de la ilegalidad.
Vacíos jurídicos en el horizonte
Un aspecto relevante que rodea esta controversia es que, a pocos meses de finalizar el periodo de gobierno, aún no existe un marco jurídico definitivo para el sometimiento de estas estructuras criminales.
No obstante, el ministro Idárraga defendió la legalidad de los acercamientos, afirmando que no se precisa de un marco inicial para comenzar las conversaciones, aunque sí será necesario para la protocolización de un eventual acuerdo final.
Por ahora, el traslado de Palomino y alias “Castor” queda en el aire, tras los citados incumplimientos, supeditado a que los cabecillas demuestren una voluntad real de paz y cumplan con las exigencias del equipo negociador del Gobierno Nacional.
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