El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla decretó la suspensión provisional del Concurso de Méritos de la Fiscalía General de la Nación, que estaba pautado para este domingo 24 de agosto, en las 32 capitales del país.
Este proceso, que convoca a más de 98.000 aspirantes para ocupar 4.000 vacantes —desde auxiliares y conductores hasta fiscales delegados ante tribunales— fue frenado mientras se estudia una tutela presentada por un aspirante cuya inscripción fue rechazada.
La suspensión se produjo en el marco de una tutela presentada por Nelson Uribe Martínez, quien aspira a participar en el concurso pero fue excluido por la Universidad Libre, organizadora del proceso, al considerar que su experiencia docente no constituye experiencia como abogado.
Uribe invocó vulneraciones a derechos fundamentales como la dignidad, el debido proceso, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital, entre otros. Según el fallo, las pruebas no podrán realizarse hasta que se emita una decisión de fondo en esta acción de tutela.
Elemento sorpresivo: la jueza también es aplicante
La decisión cobró un giro inesperado al conocerse que la juez que ordenó la suspensión, Amalia Rondón Bohórquez, es también aplicante al concurso, aspirando al cargo de fiscal delegada ante Tribunal de Distrito. Al igual que Uribe, fue excluida por no acreditar 120 meses de experiencia como abogado; ella acreditó 118, quedándose fuera por apenas dos meses.
Esta situación genera un debate sobre si la jueza debería haberse autoinhibido, dada su cercanía con los hechos y su condición de también excluida, lo que plantea potenciales conflictos de interés. El director ejecutivo de la Fiscalía, Alejandro Giraldo López, fue contactado por el Reporte Coronell, aunque hasta el momento no ha obtenido respuesta.
Se trata de un golpe fuerte para el proceso que implicaba proveer 4.000 cargos estatales, una convocatoria extraordinaria de gran envergadura.
La suspensión pone en pausa las pruebas programadas y genera incertidumbre para miles de aspirantes.
La situación también encendió el foco sobre el manejo interno del concurso, que ya enfrenta cuestionamientos como supuestas irregularidades en criterios de exclusión (embarazos exprés, divorcios simulados, entre otros).
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