La Fiscalía General de la Nación radicó ante los jueces de control de garantías de Barranquilla una audiencia de imputación de cargos, junto con una solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro.
Se le acusa presuntamente de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público, en el marco de contratos gestionados desde la Fundación Conciencia Social (Fucoso) con la Gobernación del Atlántico.
Según la Fiscalía, Nicolás Petro habría participado en la suscripción de cinco convenios a través de Fucoso por un monto superior a 3.000 millones de pesos, destinados a actividades sociales dirigidas a adultos mayores y estudiantes con discapacidad. Sin embargo, dichos servicios no se habrían prestado, lo que motivó la apertura del caso.
De los cinco contratos investigados, cuatro fueron adjudicados directamente a Fucoso, y uno fue emitido a nombre de la Unión Temporal Conciencia Incluyente, representación legal de Gustavo de la Ossa Vélez. La Fiscalía destaca que ambas entidades comparten dirección en Barranquilla, lo que refuerza las sospechas sobre una estructura operativa coordinada.
El proceso de enriquecimiento ilícito
Como antecedente, ya en enero de 2024, el fiscal Mario Burgos había señalado que los ingresos de Nicolás Petro parecían injustificados y provenientes del enriquecimiento ilícito, mencionando nombres como Samuel Santander López Sierra, Óscar Camacho, Pedro Flores, Máximo Noriega y Jorge Robayo.
La Fiscalía también presentó evidencias que incluyen conversaciones y audios de WhatsApp, donde, por ejemplo, un mensaje del 5 de agosto de 2021 implica al funcionario Raúl Lacouture Daza en autorizaciones contractuales con Fucoso.
Este proceso se suma a una investigación previa que enfrenta Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en la que se busca demostrar, entre otras cosas, que habría adquirido bienes—como una casa en Tubará, joyas y procedimientos estéticos—con fondos de origen ilícito, dando apariencia de legalidad mediante estructuras como Fucoso y la empresa Grupo Delta Limitada.
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