La pugna por el Corredor Universitario: alcalde Char anuncia recuperación territorial

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció la reincorporación bajo la jurisdicción de la capital del Atlántico de sectores clave y de alta valorización como Villa Campestre, el Corredor Universitario y Ciudad Mallorquín.

Según afirmó el mandatario, esta medida responde a dos sentencias del Consejo de Estado y a la gestión del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) como autoridad catastral, lo que permitiría que estos terrenos, anteriormente bajo la administración de Puerto Colombia, retornen formalmente al control de Barranquilla.

Para la administración de Char, esta definición representa una “victoria” histórica que destraba la inversión pública en un sector con altas demandas de desarrollo. El alcalde enfatizó que “la falta de claridad sobre los límites jurisdiccionales impedía previamente la ejecución de obras esenciales”.

Con el control de estas tierras, el mandatario aseguró que el Distrito ingresará con toda su oferta institucional para ejecutar proyectos de mejoramiento de movilidad, alumbrado público, seguridad, pavimentación de vías y adecuación de parques y zonas verdes. Asimismo, la propuesta técnica del IGAC ratifica que ecosistemas de alto valor ecológico e inmobiliario, como la Ciénaga de Mallorquín y la playa de Puerto Mocho, pertenecen legalmente a Barranquilla.

El llamado a la prudencia y el trámite en el Congreso

A pesar del entusiasmo de la alcaldía barranquillera, desde el plano legislativo se ha pedido mesura frente a las declaraciones de victoria definitiva. El representante a la Cámara, Jaime Santamaría, aclaró que el informe técnico de deslinde presentado por el IGAC ante el Congreso no es vinculante por sí mismo ni constituye la última palabra sobre el trazado limítrofe.

El estudio abarca unas 1.153 hectáreas del Corredor Universitario y sugiere —basándose en puntos cartográficos y coordenadas que toman como referencia el Arroyo León— que más de 1.036 hectáreas pasen a jurisdicción de Barranquilla.

Sin embargo, el representante Santamaría recordó que la decisión final e inapelable está exclusivamente en manos del Poder Legislativo, cuyas comisiones de Ordenamiento Territorial del Senado y la Cámara deben analizar el informe, escuchar los argumentos de Barranquilla y Puerto Colombia, y finalmente someter el trazado a votación en la plenaria del Senado para la expedición de una ley.

Por esta razón, se extendió una invitación a los alcaldes de ambos municipios a manejar el diferendo con rigor técnico y altura política, evitando que un proceso eminentemente legal y cartográfico degenere en una confrontación de tintes políticos.