La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios insiste en la reiterada petición que formularon desde septiembre de 2022: que se aplique el artículo 126 de la ley 142 de 1994, para que la CREG modifique inmediatamente la fórmula tarifaria.
Lo anterior, ante la evidencia que los altos precios del servicio están causando lesión injusta a los intereses de los usuarios.
Dice la Liga que una muestra de que el Gobierno en verdad está del lado de los usuarios de la Costa Caribe es que se empiece por derogar el régimen tarifario especial establecido en el Plan Nacional de Desarrollo de Duque y prorrogado por el actual.
El gremio recuerda su petición, a propósito del debate sobre las implicaciones en la tarifa de energía eléctrica del Proyecto de Resolución CREG 701 028 del 18 de diciembre de 2023, con el cual de acuerdo con el Gobierno, prevendrá el abuso de la posición dominante de los generadores que participan en la bolsa de energía. No obstante, según cálculos del Comité Intergremial del Atlántico, esta medida puede terminar encarecida hasta en un 25% más el servicio de energía.
“La Liga Nacional de Usuarios, hace responsable al gobierno nacional, por acción y por omisión, por los aumentos ocurridos en el segundo semestre del año anterior y los que se presenten durante los cuatro primeros meses del año, en la Bolsa del Mercado de Energía Mayorista, pues el 13 de junio de 2023 la Comisión Reguladora de Energía y Gas, expidió la Resolución CREG 101 018, con el propósito de controlar las ofertas de precio de los generadores mediante un esquema de vigilancia que permitiera detectar el posible ejercicio de poder de mercado”, señala un comunicado de la Liga de Usuarios, firmado por su presidente Javier Gaviria Betancur.
El coordinador de la agremiación en Atlántico, Norma Alarcón, precisa que en el mes de septiembre, el precio de bolsa superó los $ 1.017, el mismo que hoy da fundamento a la Comisión para proyectar la Resolución 701 028. Se pregunta entonces ¿por qué no funcionó el mecanismo de control?
Así las cosas, considera que el gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energía, la CREG y el administrador del Mercado de Energía Mayorista, deben responder antes que tramitar para escasos cuatro meses, una resolución para prevenir el abuso de posición dominante de los generadores, cuando hay certeza sobre la ineficacia de la medida de junio de 2023 y voces autorizadas advierten que amenaza más encarecimiento de la tarifa.
“Debe existir compromiso del gobierno con la eficacia de las medidas. A pocos meses de cumplirse los 30 años de expedición de la ley 142 de 1994, siguen manifestándose las nocivas consecuencias de una política de servicios públicos domiciliarios alineada con la globalización neoliberal, para garantizar altas rentabilidades, mientras se merman y eliminan los derechos de los usuarios”, puntualiza la Liga.

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