La ministra de Ambiente, Irene Vélez, anunció la apertura de un proceso sancionatorio contra Hidroituango, proyecto de generación de energía hidráulica.
La medida se da debido a presuntas irregularidades operativas que habrían tenido un impacto ambiental y social significativo durante la reciente emergencia por el frente frío.
Según la funcionaria, este proyecto se ha consolidado como uno de los más sancionados en el país durante la última década.
La jefa de la cartera ambiental detalló que la decisión de la Autoridad de Licencias Ambientales, ANLA, se fundamenta en tres hechos puntuales que comprometen la operación técnica y el cumplimiento de las normativas vigentes.
Uno de ellos es la falta de control en el caudal río abajo. Se investiga el presunto manejo inadecuado del agua liberada desde el embalse, lo cual habría generado afectaciones directas en las riberas del río aguas abajo del embalse.
Fallas en la coordinación del balace
Igualmente, descoordinación en las reglas de operación: La ministra explicó que existe una obligación técnica de liberar aguas abajo el mismo volumen de caudal que se registra en la estación Olaya (ubicada aguas arriba). No obstante, se hallaron fallas en la coordinación de este balance hídrico.
También el exceso en la cota de llenado y daño ecosistémico: Uno de los puntos más críticos es la elevación del nivel del embalse. Durante febrero y parte de marzo de 2026, la represa alcanzó la cota 409, superando el límite permitido de 408.
La funcionaria asegura que este incremento se realizó, presuntamente, sin el debido aprovechamiento forestal, lo que habría provocado la inundación de aproximadamente 600 hectáreas de vegetación, afectando gravemente la fauna local.
No es una retaliación personal
El anuncio se produce en un momento de tensión política, luego de que la Procuraduría abriera una investigación contra la ministra Vélez por presuntas fallas en el control de la hidroeléctrica Urrá.
Ante los cuestionamientos sobre si esta medida contra Hidroituango representa una respuesta a su situación legal, la ministra fue enfática en negar cualquier motivación personal.
“Este no es un tema personal, esto se trata de la función de la ANLA, donde el control es una de las tareas más importantes“, aseguró Vélez.
Asimismo, subrayó que los procesos sancionatorios son investigaciones de largo aliento y que, en este caso particular, se centran en hechos ocurridos durante el último año, por lo que no debe considerarse una retaliación, sino un ejercicio de protección del bien colectivo y el cuidado ambiental.
Este proceso sancionatorio marcaría la primera respuesta formal de las autoridades ambientales ante los impactos generados por la operación de la represa en el contexto de las recientes emergencias climáticas que han afectado a varios departamentos del país.
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