En una decisión para la estabilidad del sector energético del Caribe colombiano, el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobó el documento CONPES 4216, mediante el cual emitió concepto favorable para que la Nación otorgue una garantía soberana al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
La medida respalda la contratación de operaciones de crédito público por un monto de hasta 1,2 billones de pesos, destinados a financiar un programa transitorio de liquidez para la comercializadora y distribuidora Air-e en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El objetivo central de esta decisión estatal es preservar la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica a los más de 1,42 millones de usuarios facturados que atiende Air-e en los tres departamentos caribeños.
Los recursos buscan cubrir de manera inmediata las compras corrientes de energía y las obligaciones prioritarias de la operación, reduciendo las presiones de liquidez sobre los agentes del Mercado de Energía Mayorista (MEM).
La urgencia del aval gubernamental responde directamente a la consolidación del fenómeno de El Niño 2026-2027. Este evento climático exige una mayor generación térmica y requiere flujo de caja oportuno para la compra de combustibles y el pago a los generadores.
Sin esta ayuda financiera, la acumulación de pasivos de Air-e —cuyas cuentas por pagar totales alcanzan los 6,29 billones de pesos (de los cuales 4,37 billones corresponden a obligaciones posteriores a la toma de posesión decretada en septiembre de 2024)— crecería la amena desencadenar un efecto dominó de morosidad e iliquidez en toda la cadena de pagos del sector eléctrico nacional.
Diagnóstico de una crisis financiera y operativa
El respaldo de la Nación se sustenta en un delicado diagnóstico sobre la operación de la compañía intervenida. A septiembre de 2026, el indicador de pérdidas de Air-e llegó al 32,96 %, registrando un aumento de 2,82 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior.
La efectividad de cobro sobre lo facturado descendió al 70,96 %, lo que generó un déficit de caja de 133.523 millones de pesos en un solo mes. Y la dependencia de compras de energía a corto plazo en bolsa pasó del 19,14 % en septiembre de 2025 al 49,86 % en septiembre de 2026, exponiendo el flujo de caja a las fluctuaciones tarifarias del mercado mayorista.
Los tres componentes de la estrategia estatal
El programa de política pública plasmado en el CONPES 4216 se estructura en tres ejes estratégicos:
Atención del suministro corriente y obligaciones priorizadas (Componente 1): Es el único componente financiado directamente con el cupo de crédito de 1,2 billones de pesos.
Destinará recursos a la compra de energía (contratos y bolsa) y al pago conciliado de obligaciones posteriores a la toma de posesión con generadoras térmicas e hídricas para asegurar el abastecimiento. Se contempla un esquema de desembolsos en tres tramos de 400.000 millones de pesos mensuales entre octubre y diciembre de 2026.
Consolidación de un modelo sostenible (Componente 2): Agrupa medidas regulatorias, comerciales y financieras de mediano y largo plazo. Incluye la sustitución de consumos estimados por Infraestructura de Medición Avanzada (AMI) y sistemas prepago, planes de normalización en áreas de difícil gestión y barrios subnormales, cobro de cartera a entidades oficiales, y la estructuración de una solución empresarial de largo plazo (como Asociaciones Público-Privadas, concesiones o la vinculación de un nuevo operador).
Gestión de la demanda y corresponsabilidad con usuarios (Componente 3): Promueve la eficiencia energética de la mano del FENOGE, programas educativos de uso eficiente y cultura de pago, y estrategias de corresponsabilidad territorial entre autoridades locales y la empresa para combatir el fraude y proteger las redes.
Fuentes de repago y fiscalización
Las operaciones de crédito público, que tendrán un plazo de amortización de hasta 12 meses, contarán con mecanismos de repago provenientes del Proyecto de Ley 401 Cámara / 280 Senado de 2026, la transferencia de subsidios del Ministerio de Minas y Energía proyectados para 2027 (superiores a los 670.000 millones de pesos), y las garantías asociadas a los ingresos recaudados a través del Fideicomiso Air-e.
Con este esquema, el Gobierno nacional busca asegurar la continuidad del fluido eléctrico en la Costa Caribe mientras avanza en las soluciones a la compañía intervenida y en la búsqueda de un operador definitivo que garantice la sostenibilidad del servicio.
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