En el inicio del último año de su administración, el presidente Gustavo Petro ha planteado un proyecto de reforma tributaria con el que busca recaudar $26,3 billones de pesos, enfocado en corregir lo que considera uno de los mayores errores fiscales de los últimos tiempos: el manejo del subsidio a la gasolina durante el gobierno de Iván Duque.
La iniciativa contempla nuevos impuestos al consumo de gasolina, licores y cigarrillos, con el doble propósito de reducir el déficit fiscal y fomentar una mayor justicia tributaria.
“Esa deuda no debió haberse establecido. Billones de pesos del erario se entregaron como subsidio a los más ricos del país, mientras la pobreza se disparaba”, afirmó el mandatario en su cuenta oficial de la red X, refiriéndose al déficit acumulado por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual superó los $70 billones al cierre del gobierno anterior.
La nueva reforma tributaria incluye un aumento en los gravámenes a productos como licores y tabaco, justificados por el Gobierno tanto en razones de salud pública como en criterios redistributivos.
De acuerdo con el proyecto estos impuestos tendrían una tarifa progresiva y recaerían principalmente sobre bienes de alto consumo entre los sectores de mayores ingresos.
Por otro lado, se introduce un mecanismo de contribución especial sobre la gasolina, el cual busca que quienes más consumen —y por tanto más se beneficiaron de los subsidios— contribuyan proporcionalmente a saldar la deuda histórica del FEPC.
“Jamás se debió pagar el déficit de la gasolina con recursos del presupuesto. Eso constituyó un subsidio inconstitucional que terminó beneficiando a los más ricos a costa de los más pobres”, sostuvo Petro en su pronunciamiento, a propósito de su nueva propuesta de reforma tributaria.
Una reforma con enfoque estructural y ambiental
Según el gobierno, además del componente recaudatorio, la reforma tendrá un enfoque estructural y ambiental. El presidente Petro ha defendido la necesidad de eliminar los subsidios a los hidrocarburos como una cuestión “de vida o muerte”, y reiteró que el precio nacional de la gasolina ya ha sido ajustado para cerrar la brecha con el mercado internacional.
En ese sentido, la reforma busca promover una transición acelerada hacia la movilidad eléctrica, al desincentivar el uso de combustibles fósiles mediante una política fiscal más coherente con los compromisos climáticos del país.
La deuda pagada por los más ricos
Paradójicamente, el proyecto también contempla una rebaja generalizada al impuesto de renta para las empresas, una medida que busca estimular la inversión y la formalización empresarial, y que el Gobierno considera viable si se logra un mayor recaudo progresivo por el lado del consumo y los sectores de altos ingresos.
El éxito de la reforma dependerá del respaldo legislativo. Petro ha advertido que, si el Congreso rechaza su propuesta de que los más ricos paguen esta deuda, la alternativa será subir el precio de la gasolina aún más.
“La deuda debe ser pagada por los más ricos de la sociedad. Si el Congreso se opone, deberá pagarse por los precios de la gasolina. Esta es una cuestión de Estado Social de Derecho y de Justicia”, sentenció el presidente.
Con esta reforma, el Gobierno busca cerrar su ciclo con una bandera de justicia fiscal, en medio de crecientes tensiones políticas y con un Congreso fragmentado. Las próximas semanas serán decisivas para el destino de la propuesta y para el cierre fiscal del gobierno del Pacto Histórico.
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