Por el rescate de la soberanía y seguridad energética, organizaciones sociales lanzan cruzada

Lideradas por el exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta Medina, diferentes organizaciones sociales han planteado la necesidad de recuperar la soberanía y seguridad energética nacional, puesta en riesgo por las políticas equivocadas del actual gobierno.

La idea es sumar esfuerzos para construir una propuesta de política pública de iniciativa ciudadana,  para presentarla al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, como una iniciativa popular.

En un comunicado cuestionan la política de transición energética de este gobierno, que desde su primer día, descartó la firma de nuevos contratos de exploración y explotación de gas, carbón y petróleo, así como la no prórroga de los vigentes, al tiempo que reniega del uso de las riquezas naturales de nuestro país.

También critican que el ejecutivo nacional renuncie a la ampliación de las precarias reservas de hidrocarburos, las cuales vienen en declinación; niega o retarda los procesos de licenciamiento ambiental, so pretexto de combatir el “cambio climático”, y retarda la expansión del sistema eléctrico y la entrada de nuevos proyectos de generación.

Otros cuestionamientos a la administración Petro, apuntan a que expide normas para facilitar la importación de gas en cantidades crecientes con destino al abastecimiento de la demanda esencial, impone a ECOPETROL convertirse en uno de esos importadores, pero también que pase del gas a la energía solar y le ordena construir nuevas plantas regasificadoras.

Transición a la ligera e improvisada 

“Esta equivocada política de transición a la ligera, improvisada, pone en riesgo la seguridad y la soberanía energética, deteriora las cuentas nacionales y eleva las tarifas de los servicios públicos domiciliarios a sus usuarios finales.  Esta, la denominada por el Gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo como la transición energética justa, es claramente contraria al interés nacional”, dice el pronunciamiento.

Aseguran las organizaciones que firman el documento, que ya hoy existe riesgo cierto de no tener oferta suficiente para atender la demanda. “Crisis advertida desde fines del año 2023, por gremios del sector y de la Bolsa Mercantil de Colombia, Gestor del Mercado de Gas, así como por parte de los organismos de control, Contraloría y Procuraduría General”, señalan.

Mencionan que la perforación de pozos exploratorios en el 2022 fue de 68, pero en 2024 pasamos a 20, en tanto, que las reservas de gas han descendido de 7.2 años en 2022 a solo 6.0 años en el 2024. “En producción de gas natural, pasamos de 1.071 millones de pies cúbicos diarios en 2022, a 994 millones de pies cúbicos en 2024”, subrayan.

“Estas cifras decrecientes muestran como hemos perdido nuestra capacidad de suministro con nuestro gas nacional, que es el gas barato y nos ha obligado a importarlo para atender la demanda esencial, de los sectores residencial, vehicular, industrial y comercial a precios exorbitantes. No valieron las alertas tempranas de los dirigentes gremiales”, expresan.

Dicen que además de afectaciones a las finanzas del Estado, estas importaciones de gas, causan también lesiones a los usuarios, pues se reflejarán en aumentos   en las tarifas de los estratos 1, 2, 3, y 4, en donde está el 90% de los usuarios.

Política de marchitamiento

“Alzas entre el 30% y el 45%, según cálculos de expertos, que ya están afectando a los usuarios del interior del país, pero que a partir de noviembre de este año, cuando las empresas comercializadoras deberán contratar con los proveedores ya que los actuales llegarán a su fin, se extenderán al resto del país”, advierten.

Enfatizan en la perentoria necesidad de revisar y replantear “la actual política de marchitamiento prematuro de los hidrocarburos”, con miras a revertir la actual tendencia, “que es nefasta para el país y para todos los colombianos”.

Sostienen que sólo así se puede conjurar lo que llamaron “escenario catastrófico” en ciernes al pasar de tener las importaciones de gas como respaldo a depender de ellas, “situación ésta que podría llegar a repetirse con el petróleo”.

Igualmente señalan que “estamos ante la disyuntiva de importarlo a precios que oscilan entre los US $15 y US $18 el MMPC, en contraste con los precios del producido en el país que fluctúa entre los US $5 y US $7 o enfrentarnos a un desabastecimiento, que es el peor escenario”.

Otro de los planteamientos es que la transición energética no debe poner en riesgo la Seguridad ni la soberanía energética. Dicho de otro modo, “la transición energética debe ser gradual, inteligente, no puede llevarnos a renunciar al uso de los recursos de los que disponemos hoy para asegurar nuestra soberanía energética”.

La crisis del sector eléctrico

A lo anterior se suma la crisis del sector eléctrico debido a la estrechez de la oferta de energía, lo cual mantiene al Sistema Interconectado Nacional en un altísimo grado de estrés, presionando al alza los precios en Bolsa y las tarifas de energía.

“Esta crisis se ha visto exacerbada por las dificultades financieras a las que se han visto abocadas las empresas comercializadoras por el impago por parte del Gobierno Nacional del reintegro por concepto de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, amén de la abultada deuda de la Opción Tarifaria”, anota el pronunciamiento.

“Ello las tiene a punto de un apagón financiero, que puede derivar en un efecto dominó que comprometería la firmeza y la confiabilidad de la prestación del servicio de energía”, plantea el comunicado.

Firman el documento: Amilkar Acosta Medina, ex ministro de Minas y Energía; Francisco Ceballos, obispo de la Diócesis de Riohacha; Diego Otero, miembro de la Junta Directiva de la Academia de Ciencias Económica; Mesa de Diálogo por el Desarrollo de La Guajira; Liga Nacional de Usuarios de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Igualmente, Mesa Más Guajira de la ANDI, Universidad de La Guajira, Asamblea Departamental de La Guajira y Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos de La Guajira.

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