La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación anunció oficialmente la apertura de una investigación previa contra el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por posibles irregularidades cometidas durante su gestión como agente especial interventor de Air‑e.
El foco principal del caso se centra en un contrato identificado como C00132025, suscrito con el Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia (SEC), para el suministro de materiales eléctricos—incluidos transformadores—en el marco de la intervención estatal de Air‑e.
La Procuraduría General apunta a determinar si existieron sobrecostos significativos en este proceso contractual.
Según revelaciones de la revista Cambio, en solo tres meses (abril, mayo y junio de 2025), Air‑e transfirió aproximadamente 23.000 millones de pesos al consorcio por materiales, de los cuales más de 10.500 millones correspondieron a transformadores: 259 unidades de 50 kVA por un valor total de $3.326 millones, y 457 unidades de 75 kVA por $7.232 millones.
Un análisis comparativo con precios de mercado revela que en abril de 2024, Air‑e adquiría transformadores de 50 kVA a 8,4 millones de pesos por unidad. Según Cambio. el consorcio SEC los revendió en 2025 a 12,844 millones, lo que implica un sobrecosto mayor al 60 %.
Los documentos solicitados
Para avanzar en la investigación, la Procuraduría ha ordenado a Air‑e entregar documentación clave, incluyendo: Estudio técnico que justificó los precios pactados, minuta del contrato y manual de contratación vigente en el momento del acuerdo.
Documentos de celebración y pago de órdenes de compra relacionadas con los transformadores, información del fabricante Rymel S.A.S., sobre ventas hechas al consorcio SEC (cantidad, precio y fecha), para establecer si hubo sobrecostos o reventa arbitraria.
También se solicitó un dictamen de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales para evaluar si los precios pactados se ajustan al mercado, y si sería más conveniente que Air‑e comprara directamente a los fabricantes.
Este procedimiento se suma a una actuación preventiva previa, iniciada a finales de agosto, que ya examinaba posibles irregularidades en nombramientos, contratos y manejo financiero durante la intervención de Air‑e (octubre 2024–marzo 2025).
Entre las acusaciones se encuentran el nepotismo, nombramientos de familiares en cargos claves y vínculos políticos en la selección de contratistas.
Lo que representa esta investigación
La apertura de esta investigación representa un episodio significativo en el escrutinio sobre la intervención de Air‑e. El hallazgo de supuestos sobrecostos del 60 % en transformadores esenciales, si se confirma, podría configurar faltas graves.
Además, esta situación evidencia la necesidad de reforzar la transparencia en procesos de contratación y supervisión en entes intervenidos.
La Procuraduría ha adoptado una postura firme al solicitar documentación técnica y contable para establecer responsabilidades, lo cual sugiere que el proceso continuará con rigor.
La atención ahora está puesta en si se reiteran irregularidades sistémicas o si se trata de casos puntuales dentro de una gestión ya cuestionada.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/los-supuestos-sobrecostos-en-compra-de-materiales-en-air-e-intervenida/
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