Durante la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, confirmó que durante el año 2027 “no se comprará ni una sola hectárea de tierra”.
El funcionario explicó que, de la meta trazada por la administración anterior para adquirir tres millones de hectáreas, únicamente se concretó la compra de 350.000 hectáreas por un valor de $3,9 billones de pesos. No obstante, este proceso dejó un saldo en rojo con obligaciones pendientes de pago que ascienden a los $1,4 billones de pesos. Dangond congeló el desembolso de esos recursos
A las dificultades financieras se suman graves anomalías detectadas en la gestión legal y comercial de los predios:
Precios inflados: Un muestreo inicial realizado sobre 15 a 20 predios reveló que los precios de compra fueron incrementados de manera sistemática por encima de los valores reales del mercado.
Inseguridad jurídica: Diversas extensiones de tierra fueron adjudicadas a comunidades campesinas y étnicas bajo títulos provisionales, sin haber sido registradas formalmente ante las Oficinas de Instrumentos Públicos o manteniéndose involucradas en litigios judiciales.
Ante este escenario, el jefe de la cartera agropecuaria ordenó la suspensión inmediata de los pagos pendientes e informó el inicio de una auditoría forense coordinada con la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación.
El ministro enfatizó que no se desembolsará ningún recurso hasta verificar la idoneidad de las operaciones y proteger la responsabilidad penal de los actuales administradores de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Recorte presupuestal y reestructuración administrativa
La suspensión en la compra de terrenos se enmarca en un escenario de estrechez fiscal para el campo colombiano. El presupuesto global del sector agropecuario experimentará una reducción del 32 % para el año 2027, pasando de los $4,1 billones asignados en el periodo anterior a $2,7 billones de pesos, lo que representa un recorte neto de $1,3 billones. Específicamente, el presupuesto de la ANT sufrirá una disminución del 60 %.
Para optimizar el uso de los fondos públicos, el Ministerio implementará un plan de austeridad que contempla la eliminación de la nómina paralela. No se renovarán 10.000 contratos de prestación de servicios (OPS), lo que generará un ahorro inmediato de $540.000 millones de pesos.
Y la reestructuración de entidades. Se realizarán ajustes operativos en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) y en la Unidad de Restitución de Tierras para erradicar gastos ineficientes de funcionamiento e impulsar la inversión directa en el campo.
Nuevo enfoque: formalización e infraestructura productiva
El ministro Dangond argumentó que continuar comprando predios carece de viabilidad financiera y técnica, ya que el Estado dispone de un millón de hectáreas «parqueadas» en un fondo sin utilizar. Asimismo, denunció que la mayoría de las tierras entregadas en años recientes se adjudicaron «desnudas», es decir, sin proyectos productivos, paquetes tecnológicos, infraestructura de riego ni acceso a líneas de crédito.
En consecuencia, la estrategia gubernamental bajo las directrices del presidente Abelardo del Espriella redirigirá los recursos disponibles hacia la formalización, la provisión de riego y la asistencia técnica de las tierras ya adquiridas.
Adicionalmente, se implementará el modelo de unidad económica mínima, asegurando que las familias beneficiarias reciban extensiones de tierra técnicamente planificadas para generar ingresos mensuales superiores a los dos salarios mínimos. De acuerdo con el Ministerio, esta reorganización sentará las bases para ejecutar inversiones de gran escala a partir de 2028 y consolidar la competitividad del sector agrícola hacia el año 2030.
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