La emisión de dos decretos: 1035 y 044 del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Ambiente, respectivamente, son la principal causa del paro minero que está afectando los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Antioquia, Norte de Santander, Córdoba y Chocó.
Los mineros aseguran que estos decretos los afectan gravemente, pues uno dispone que la maquinaria allanada en operaciones de minería ilegal debe ser destruida. El otro reglamenta las reservas de recursos naturales de carácter temporal.
Las manifestaciones han provocado el represamiento de los vehículos de carga que transportan suministros para los distintos departamentos.
El gremio Defencarga manifestó su preocupación por los bloqueos derivados del paro minero y campesino, los cuales afectan los principales corredores logísticos. “En solo dos días, se ha comprometido el despacho de 70.167,1 toneladas de productos, impactando el abastecimiento y la productividad”, expresó Clarita María García, directora ejecutiva de Defencarga.
El gremio hace un llamado al Gobierno Nacional para que atienda esta situación con urgencia y promueva un diálogo constructivo que evite mayores afectaciones a la economía, al sector logístico y al bienestar de millones de colombianos.
Los distintos liderazgos del paro minero, representados en la Coordinación Nacional Minera, solicitaron la Defensoría del Pueblo, en su calidad de garante de los derechos humanos, la intermediación ante el Gobierno Nacional con el fin de que se instale la mesa de alto nivel tendiente a discutir los temas que motivan el paro minero.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que trasladó estas inquietudes al Gobierno Nacional ante lo cual se designó una comisión liderada por el Ministerio de Minas y los viceministerios de Interior y Defensa, los cuales se desplazarán esta tarde al municipio de Caucasia para reunirse con los delegados del movimiento minero en la sede de la Defensoría del Pueblo regional Bajo Cauca Antioqueño.
Implementar acciones
La Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, hizo un llamado a las autoridades para implementar acciones que permitan levantar los bloqueos en varias carreteras del país.
María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, en su cuenta de X, advirtió que si bien existe el derecho a la protesta, estas acciones no deben vulnerar los derechos a la libre movilidad de la mayoría y señaló que las dificultades en el transporte del país ponen en peligro la frágil recuperación económica de Colombia.
“De nuevo bloqueos que limitan el desarrollo de la mayoría de colombianos. Si bien el derecho a la protesta es para todos, debe ir acompañado de la autoridad para que no límite el derecho de la mayoría. Son Indispensables medidas rápidas para que las vías de hecho no afecten el débil crecimiento económico del país y se garantice la libre movilidad por todo el territorio”, expresó Lacouture.
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