La Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, también reaccionó al aumento del 23% en el salario mínimo para 2026, advirtiendo que, aunque se presente como un avance social, en las condiciones actuales puede convertirse en una decisión difícil de sostener y terminar afectando el empleo, la continuidad de muchas compañías y, paradójicamente, a los hogares que se busca respaldar.
La entidad, presidida por María Claudia Lacouture, afirma que el salario mínimo tiene un objetivo legítimo y necesario: proteger el poder de compra de los trabajadores sin poner en riesgo la viabilidad de las empresas ni el empleo formal. “La verdadera justicia social requiere medidas que el país pueda mantener en el tiempo, no solo anuncios de corto plazo”, anotó.
Desde AmCham Colombia preocupa que, con esta decisión, en la práctica se esté cambiando la forma de definir el salario mínimo por fuera de lo previsto en la Constitución y la Ley 278, que exigen concertación y el uso de variables como inflación, productividad, crecimiento y situación del empleo.
Precisa que la referencia al “ingreso vital” de la OIT puede ser un insumo técnico, pero su metodología no es obligatoria: el marco vigente sigue siendo la Constitución, el Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 278 de 1996. Convertir ese concepto en criterio central por decreto, sin desarrollo legal previo ni acuerdo en la Comisión de Concertación, introduce incertidumbre sobre la estabilidad y previsibilidad de las reglas laborales para trabajadores y empleadores.
Lacouture precisa que el aumento tampoco llega en cero. Entre 2022 y 2025 el salario mínimo ha crecido cerca de 42 %, frente a una inflación acumulada alrededor del 30 % y una productividad prácticamente estancada. Esto significa que el salario mínimo ya recuperó y superó su poder adquisitivo en este periodo. “Seguirlo aumentando de manera marcada por encima de la productividad eleva cada vez más el costo de contratar, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que concentran buena parte del empleo formal en Colombia”, indica AmCham Colombia.
Costo para el empleador
Asegura la entidad que con el nuevo ajuste, el costo total para el empleador de un trabajador que gana el salario mínimo se acerca a los 2,7 millones de pesos mensuales, mientras el ingreso que efectivamente recibe la persona ronda 1,86 millones. Explica que esa diferencia en cargas laborales es difícil de absorber para miles de mipymes y se traduce, en la práctica, en menos capacidad para mantener puestos de trabajo, abrir nuevas vacantes o invertir. A ello se suma que parte de ese mayor costo termina reflejándose en precios más altos de bienes y servicios básicos, afectando el bolsillo de los hogares.
Añade que en términos de competitividad, la combinación de una regulación laboral reciente más rígida y un aumento del salario mínimo muy por encima de la inflación y la productividad deja a Colombia en desventaja frente a otros países de la región que compiten por la misma inversión. Si a eso se suman la inseguridad jurídica, la inseguridad física y la incertidumbre regulatoria, decisiones que encarecen abruptamente el trabajo formal sin mejoras equivalentes en productividad terminan empujando la inversión hacia destinos más estables y previsibles.
Finalmente, la presidenta de AmCham Colombia afirma que un aumento del 23 % beneficia a pocos y afecta a muchos. El ajuste directo llega principalmente a cerca del 20 % de los ocupados formales que ganan el mínimo, mientras que la mayoría de los trabajadores —en especial los informales— no reciben ese incremento, pero sí sufren las consecuencias: mayores precios en alimentos, transporte y servicios, y más dificultades para acceder a un empleo formal ante el encarecimiento de la contratación.
“Decisiones de salario mínimo sin sustento técnico y legal sólido pueden sonar justas hoy, pero mañana significan más informalidad, más presión fiscal y menos oportunidades para las mismas personas a las que se dice proteger”, puntualizó.

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