La muerte de tres menores de edad durante un bombardeo de las Fuerzas Militares en el Guaviare abrió una nueva y fuerte controversia alrededor de la política de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.
El operativo, ordenado por el mandatario contra una estructura de las disidencias de las Farc, dejó diez personas muertas, entre ellas tres adolescentes.
La operación se realizó el jueves 27 de agosto en una zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura vinculada al Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), bajo el mando de alias ‘Calarcá’. Medicina Legal confirmó posteriormente que tres de las diez víctimas eran menores de edad. Según los reportes conocidos, tenían entre 15 y 16 años.
El hecho volvió a poner en el centro del debate la utilización de bombardeos como herramienta para combatir a las estructuras armadas ilegales y, especialmente, las condiciones bajo las cuales se autorizan operaciones cuando existe la posibilidad de que haya menores de edad en los campamentos.
El Gobierno de De la Espriella ha defendido la operación y sostiene que se trató de un ataque legítimo contra integrantes de una organización armada ilegal. El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, respaldó públicamente el bombardeo y aseguró que la operación se desarrolló dentro del marco legal.
El Ministerio de Defensa informó que diez integrantes de la estructura fueron neutralizados y que entre las víctimas había dos menores de 15 años y otro de 16. También se reportó la recuperación con vida de otro menor.
De la Espriella responsabiliza a las disidencias
Ante la confirmación de las muertes, el presidente Abelardo de la Espriella mantuvo su respaldo a las operaciones militares y centró su cuestionamiento en el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados.
La posición del mandatario es que la responsabilidad por poner a niños, niñas y adolescentes en medio de estructuras armadas recae sobre las organizaciones ilegales que los reclutan y utilizan, incluso como combatientes o posibles escudos humanos.
La discusión, sin embargo, no se limita a establecer quién reclutó a los menores. Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han cuestionado también la planeación y ejecución de este tipo de operaciones y han reclamado mayores medidas de protección para los menores que se encuentran bajo control de grupos armados.
Save the Children cuestiona el operativo
Una de las voces que se pronunció fue Save the Children. La organización insistió en que un menor reclutado por un grupo armado debe ser considerado, ante todo, una víctima, y pidió tanto al Estado como a las organizaciones ilegales asumir responsabilidades frente a la presencia de niños, niñas y adolescentes en escenarios de confrontación.
La controversia adquiere mayor dimensión porque el bombardeo se produce en las primeras semanas del Gobierno de De la Espriella y hace parte de una ofensiva militar más amplia contra las disidencias. El ataque en Guaviare es señalado como el segundo bombardeo ordenado por el nuevo Gobierno en apenas tres semanas.
Un debate que vuelve a Colombia
La muerte de los tres menores revive además una discusión que Colombia ha enfrentado durante diferentes gobiernos: hasta dónde puede llegar la Fuerza Pública en sus operaciones contra grupos armados cuando existen indicios de presencia de menores.
Según un consolidado divulgado este lunes, durante los gobiernos de Iván Duque, Gustavo Petro y ahora Abelardo de la Espriella han muerto 107 menores de edad en operaciones militares: 42 durante el Gobierno Duque, 62 durante el de Petro y tres en lo corrido de la actual administración.
El caso del Guaviare deja así una pregunta que trasciende la confrontación política: cómo combatir a los grupos armados que reclutan menores sin convertir a esos niños y adolescentes en víctimas de las operaciones militares destinadas a neutralizar a sus victimarios.
La respuesta del Gobierno es mantener la ofensiva contra las estructuras ilegales y atribuir a estas organizaciones la responsabilidad por el reclutamiento. Las organizaciones defensoras de la niñez, por su parte, reclaman que la protección de los menores sea un elemento central de la planeación de las operaciones militares.
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