Congreso hundió la reforma tributaria del gobierno Petro

La Ley de Financiamiento que se planteó para cubrir un déficit en el presupuesto de 2026, fue archivada tras una votación contundente en la Comisión Cuarta. El Gobierno deberá ahora considerar recortes presupuestales.

La reforma tributaria del Gobierno Petro, también conocida como la Ley de Financiamiento, fue hundida este martes en el Congreso de la República, un revés significativo para las aspiraciones fiscales del Ejecutivo.

El proyecto, que buscaba recaudar $16 billones para el Estado, y era clave para cerrar un faltante de 16,3 billones de pesos en el presupuesto de 2026, fue negado en la señalada comisión.

La votación quedó así: la ponencia positiva fue rechazada con 9 votos por el No y tan solo 4 por el Sí. De acuerdo con el procedimiento legislativo, bastaba con que solo una de las comisiones económicas negara el proyecto para que este se archivara en su totalidad.

Esta decisión deja al Gobierno sin margen de acción para revivir el proyecto durante el resto del año legislativo en curso.

El riesgo de recortes para 2026

El hundimiento de la iniciativa, que tenía como objetivo obtener recursos clave para financiar diferentes programas y proyectos en el presupuesto, llega a pesar de las advertencias del Ministerio de Hacienda sobre la necesidad urgente de asegurar estos dineros para el próximo año.

Ahora, el panorama fiscal se complica: sin los $16.3 billones que se esperaban recaudar, el Ejecutivo se verá obligado a considerar recortes al Presupuesto General de 2026. No obstante, este escenario solo podrá concretarse a partir del 1 de enero, cuando la ley vigente permita realizar tales ajustes.

Argumentos de la oposición

La negación del proyecto estuvo impulsada por la fuerte oposición, que catalogó la riniciativa como una “nociva reforma tributaria”.

La oposición argumentó que el proyecto impactaría negativamente el bolsillo de las clases más bajas y medias de la población. Uno de los puntos de mayor controversia fue el impuesto al carbono, el cual, según la oposición, incrementaría el precio de la gasolina.

Este aumento afectaría directamente a los aproximadamente 12 millones de motocicletas que circulan en el país, las cuales son utilizadas principalmente por las clases bajas y medias para su transporte y subsistencia.

Otro punto de fricción fue el aumento de impuestos a los licores, cigarrillos y la cerveza. Los senadores advirtieron que esta medida podría “desfinanciar los departamentos” y, adicionalmente, podría generar un incremento del contrabando, lo que resultaría en una consecuente disminución de los ingresos para las entidades territoriales.

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