El presidente Abelardo de la Espriella advirtió que ningún alcalde o gobernador está autorizado para adelantar negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con organizaciones criminales y aseguró que quienes crucen esa línea tendrán que responder ante la justicia.
El presidente Abelardo de la Espriella lanzó este viernes una advertencia a los alcaldes y gobernadores del país: ningún mandatario local está autorizado para adelantar, por cuenta propia, negociaciones o acuerdos con organizaciones criminales o estructuras que el Gobierno considere terroristas.
El pronunciamiento se produjo durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores ‘El milagro de las Regiones’, realizada en Mompox, Bolívar, donde el jefe de Estado endureció su discurso frente a los grupos armados ilegales y dejó claro que la política de seguridad de su Gobierno no contempla treguas con las estructuras que continúen delinquiendo.
De la Espriella fue enfático al referirse a la posibilidad de que autoridades territoriales establezcan contactos directos con organizaciones criminales por fuera de los canales institucionales.
“Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar, por su cuenta, negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Me encargaré de que aquel que atraviese esa línea responda ante la justicia”, afirmó el mandatario.
La advertencia llega en momentos en que el Gobierno nacional mantiene una política de ofensiva contra las estructuras armadas ilegales, en contraste con los mecanismos de diálogo y negociación que se habían implementado con algunos grupos durante la administración anterior.
El presidente también cuestionó que mientras soldados y policías arriesgan su vida en operaciones contra las organizaciones criminales, alguna autoridad pueda intentar establecer acuerdos “por debajo de la mesa” con esos grupos.
No habrá tregua contra las estructuras criminales
Durante su intervención, De la Espriella reiteró que su Gobierno no contempla una tregua para las organizaciones armadas que mantengan actividades delictivas.
El mandatario sostuvo que la Fuerza Pública concentrará sus capacidades en las zonas más críticas y que la estrategia no se limitará a perseguir a los principales cabecillas, sino que buscará afectar todo el aparato criminal.
Esto incluye, según explicó, mandos, redes de apoyo, rutas, operadores logísticos, finanzas, testaferros y activos de las organizaciones ilegales.
“Quien persista en el crimen debe saber que El Tigre va por él y le va a aplicar todo el peso de la ley. La recuperación del control territorial es una prioridad absoluta”, sostuvo el presidente.
Golpe a las finanzas del crimen
Uno de los principales componentes de la estrategia anunciada por el Gobierno será atacar las fuentes económicas de las organizaciones criminales.
De la Espriella señaló que no es suficiente con incautar armas o neutralizar integrantes de estas estructuras, sino que también es necesario afectar el dinero que permite financiar sus operaciones.
La ofensiva contempla acciones contra las fuentes de financiación ilegal y los corredores estratégicos utilizados por los grupos armados.
En las ciudades, agregó, la Policía tendrá como prioridad los barrios, corredores y zonas metropolitanas donde la delincuencia tenga mayor impacto, con apoyo de inteligencia militar, policial, financiera y cibernética.
Gobierno ofrece sometimiento a la justicia
Aunque el presidente ratificó su política de mano dura contra quienes continúen delinquiendo, también señaló que existe una salida para quienes decidan abandonar las actividades criminales y someterse a la justicia.
La advertencia, sin embargo, fue directa para quienes persistan en las acciones ilegales: enfrentarán la respuesta de la Fuerza Pública y de las autoridades judiciales.
De la Espriella también informó que sostuvo una conversación con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con el propósito de fortalecer la coordinación entre las operaciones de seguridad y los procesos judiciales posteriores.
Alcaldes y gobernadores, bajo la lupa
El mensaje presidencial establece además una línea clara frente al papel de las autoridades territoriales: los consejos de seguridad y los comités territoriales de orden público deberán convertirse, según el Gobierno, en espacios efectivos para adoptar decisiones, asignar responsabilidades y hacer seguimiento a los resultados.
De la Espriella insistió en que la recuperación del control territorial es uno de los principales objetivos de su política de seguridad y cuestionó cualquier situación en la que grupos criminales terminen determinando quién puede ingresar a una región, quién puede trabajar o quién puede vivir tranquilamente.
Al cerrar su intervención, el presidente fue categórico sobre la posición de su Gobierno frente a las organizaciones armadas ilegales:
“No habrá tregua mientras una sola de esas estructuras pretenda someter a los colombianos”.
De esta manera, el Gobierno nacional envía una señal de cero tolerancia frente a negociaciones clandestinas entre mandatarios locales y organizaciones criminales, mientras refuerza su estrategia de recuperación del control territorial y persecución de las estructuras que operan en diferentes regiones del país.
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