Tres meses estará suspendido de sus funciones, y sin derecho a la remuneración, el juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla, Orlando José Petro Vanderbilt, investigado por haberle concedido la suspensión de pena carcelaria al exalcalde del municipio de Magangué, Bolívar, Jorge Luis Alfonso López, conocido como ‘El Gatico’, por ser hijo de la exempresaria del juego de chance en la Costa Caribe, Enilce López, ‘La Gata’.
La medida se toma mientras culmina la investigación que ordenó la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, tras ser hallados indicios que, al parecer, el juez se extralimitó en sus funciones, favoreciendo a Alfonso López sobre quien recae una condena de 27 años de prisión por el delito de homicidio.
Este caso generó polémica en su momento, el 2 de febrero del presente año puesto que el juez Petro aseguró que su decisión se basaba en decisiones presidenciales, a través de disposiciones legales de la política de Paz Total, ya el condenado había sido aceptado como facilitador de paz, lo cual fue desmentido, posteriormente, por el propio Gobierno Nacional.
Petro habría interpretado mal l alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien el 22 de diciembre del año pasado, expidió resolución reservada con la aprobación.
ACLARAR LO INEXPLICABLE
A raíz de la decisión, que luego fue revocada por el mismo juez, la Procuraduría Delegada por el Ministerio Público en Asuntos Penales recurrió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Atlántico para que aclare las cosas, calificadas de “inexplicables”.
La revista Semana asegura que el juez Petro le otorgó la libertad a José Luis Alfonso López “sin ningún asidero legal”, puesto que el estatus de facilitador de paz está dirigido a serle reconocido solo “a los miembros representantes o a los voceros de algún grupo armado ilegal con el que se estuviese adelantando proceso de paz o de sometimiento a la justicia”.
“Se cumple con la condición para suspenderlo provisionalmente, pues las conductas que se investigan fueron cometidas a través de providencias dictadas posiblemente contrarias a la ley, mediante las cuales se otorgaron, aparentemente, de forma indebida, beneficios judiciales al condenado (residencia por cárcel y suspensión temporal de la aplicación de la pena con libertad)”, precisa el medio de comunicación al divulgar parte del informe elaborado por los investigadores.
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