“Señor fiscal capture a los narcotraficantes sobre los que tiene pruebas en la Fiscalía. Esos narcotraficantes están asesinado al pueblo. Deténgalos”.
Con ese mensaje, el presidente de la República, Gustavo Petro, le dio respuesta a la andanada que en su contra ha recibido, desde el pasado 10 diciembre, de parte del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
En las críticas, el fiscal Barbosa, quien argumenta ser respetuoso de las leyes, sostiene que Petro “ofende al país” con sus decisiones; la más reciente la relacionada con el decreto que derogó la captura de personas en lugares públicos a las que les asiste el derecho constitucional de la dosis mínima de droga o medicamentos formulados. Prohibir o no el consumo en lugar públicos es facultad de los concejos municipales y las asambleas.
A raíz de la expedición de dicho decreto, el Presidente y sus ministros de Justicia, del Interior y de Defensa les ha tocado salir dar explicaciones en que todo está basado en sentencias emitidas por la Corte Constitucional, insistiendo en que lo único que se deroga es la multa por el porte de la dosis personal, que había establecido el Gobierno de Iván Duque en contravía a la Constitución.
Sin embargo, al fiscal Barbosa y muchos opositores no lo interpretan de esa manera, sino que lo consideran como la puerta de entrada, sin restricciones a la legalidad del microtráfico y el consumo, en perjuicio de la sociedad.
“Lo que hizo el presidente fue desmantelar las medidas de prevención, es un golpe frontal contra las familias colombianas y deja sin autoridad a la Policía. Serán simples espectadores. Es realmente algo funesto para un Estado de Derecho”, asegura el Fiscal.
Y agrega que “aquí lo que estamos hablando es que se acaba la prevención en los entornos seguros como los parques y, por eso, se atenta contra los niños y sus familias. Eso causa dolor e indignación”.
Autoridades locales
Ante la seguidilla de reparos, sobre todo en redes sociales, en especial X, el presidente Petro también se pronunció, tomando uno que le llegó desde Medellín: “Con todo respeto “o no leen o se hacen los…” la Corte Constitucional ya dijo que son las autoridades locales las que determinan los sitios públicos de prohibición de consumo de estupefacientes. Así que le toca a Federico Gutiérrez y al concejo de Medellín hacerlo para su distrito”.
Algunas voces también consideran que el Mandatario aprovecha la coyuntura para enrostrarle al fiscal Francisco Barbosa que su vicefiscal, Martha Mancera, está enredada en procesos relacionados con narcotraficantes en el Valle del Cauca y que él se hecho el desentendido, incluso ordenando archivar la respectiva investigación.
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