Los anuncios del Ministerio de Minas y Energía a través de un comunicado sobre rebajas tarifarias en el servicio eléctrico no traen soluciones de fondo. Así lo considera la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Costa Caribe.
En dicha resolución el Minenergía se refiere a la renegociación y disminución de precios de contratos de energía entre generadores y comercializadores, que no son obligatorios. Y la titularización de la deuda de la opción tarifaria por parte del gobierno nacional.
“Inicialmente el presidente Petro dijo que el gobierno iba a pagar toda la opción tarifaria por casi 5 billones de pesos, para luego decir que solo era para los estratos 1, 2 y 3. También se habló de un préstamo de Findeter a las comercializadoras con el mismo fin, para finalmente decir que se requiere presentar un proyecto de ley al congreso el 20 de julio, todo lo cual genera incertidumbre”, afirma la agremiación.
La Liga de Usuarios indica también que el Ministerio en el comunicado comenta acerca de beneficios para las áreas especiales como barrios subnormales, que la mayoría están en la Costa, pero “en Atlántico la empresa Air-E está amenazando con disminuir drásticamente el servicio eléctrico a más de cincuenta mil usuarios”.
Expresa además que el Gobierno señala que va a utilizar unos mecanismos para obtener precios eficientes del sector eléctrico, los cuales según la ley 142 de 1994 son los que permiten la suficiencia financiera para las empresas del sector, es decir la mayor rentabilidad que lleva a altas tarifas.
“Finalmente, el Ministerio se refiere a que la empresa Afinia va a rebajar la tarifa en 4,4% desde el 5 de julio y Air-e el 4% a partir del 15 de julio. En cuanto a Air-e la rebaja sería de pírricos $46, se pasaría de 1.162 pesos el kwh a $1.116, lo que sería pañitos de agua tibia”, dice Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios en la costa Caribe.
La entidad exige tarifas justas y pagables, que consulten la capacidad adquisitiva de los usuarios.
Alarcón sostiene que el presidente Gustavo Petro debe cumplir con su promesa de campaña y cambiar el régimen especial tarifario que rige en la Costa Atlántica, teniendo en cuenta que cifras del Dane revelan que el crecimiento de la inflación de electricidad, en estos dos años del Gobierno, superan el 18.5% anual, siendo este renglón uno de los primeros impulsores del IPC total y causa adicional de empeoramiento de las condiciones de vida de la gente.

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