Ofensiva sin precedentes, balance del primer mes de De La Espriella en la lucha contra el narcoterrorismo

Al cumplirse el primer mes del gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella, la Fuerza Pública de Colombia —integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional— presentó un balance operacional sin precedentes para el inicio de un mandato presidencial, consolidando una ofensiva total contra el crimen organizado y el narcoterrorismo.

Durante este primer mes de gestión, iniciado el pasado 7 de agosto, las autoridades han reportado cerca de 15 mil capturas de integrantes de diversas bandas delincuenciales y criminales.

En materia de lucha contra el narcotráfico y finanzas criminales, se ha logrado el decomiso de alrededor de 50 toneladas de narcóticos, la erradicación de más de 1.300 hectáreas de cultivos de coca, y la incautación de cerca de 1.500 armas de fuego, decenas de toneladas de explosivos y drones utilizados por agrupaciones criminales.

A estas operaciones terrestres se suman golpes en zonas estratégicas, como la incautación marítima de 2,3 toneladas de cocaína por parte de la Armada Nacional, la destrucción de laboratorios de refinación en el Cauca, y el decomiso de 15 toneladas de precursores químicos en las selvas de Guaviare.

Asimismo, operativos simultáneos contra las finanzas del ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comandos de Frontera en Putumayo y Norte de Santander permitieron neutralizar y destruir más de 4,5 toneladas de cocaína.

Operaciones de alta precisión

La estrategia militar de este primer mes estuvo marcada por operaciones especiales basadas en inteligencia militar, despliegue de tropas y bombardeos de alta precisión.

Entre estas destacan la Operación Beta contra el ELN en el Catatumbo; la Operación Amón contra campamentos de alias ‘Calarca’ en Guaviare; y la Operación Azarías, también en el Guaviare, dirigida contra la estructura de alias ‘Iván Mordisco’, considerada por las autoridades como el golpe más contundente al narcoterrorismo en la última década.

Como resultado de esta fuerte presión armada, fueron neutralizados (abatidos) 23 cabecillas clave, entre ellos: alias ‘Bendito Menor’, jefe de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra. Alias ‘Max Max’, principal explosivista y hombre de confianza de ‘Iván Mordisco’.

También alias ‘Momo’, cabecilla de la red de narcotráfico del Clan del Golfo y alias ‘Tigre’, cabecilla del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc.

Paralelamente, el brazo judicial de la Fuerza Pública logró capturas de alto impacto, incluyendo a alias ‘Bonito’ (segundo cabecilla de Comandos de Frontera), alias ‘Claudia’ o ‘La India’ (cabecilla financiera de las disidencias de ‘Iván Mordisco’), alias ‘Nando’ (coordinador de narcotráfico de ‘Los Costeños’) y alias ‘Chico Boom’ (vinculado a extorsiones y atentados en la Costa Caribe).

Restablecimiento de la autoridad

El Presidente Abelardo De La Espriella ha sido enfático en señalar que la seguridad ciudadana se recuperará bajo los principios de autoridad institucional, imperio de la ley y cero concesiones a los violentos.

En línea con esta postura, el mandatario firmó los actos administrativos que ponen fin definitivo a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas de la administración anterior, declarando que “la farsa de la paz total terminó para siempre” y que la opción del diálogo está agotada.

La nueva directriz gubernamental prohíbe terminantemente a funcionarios o particulares establecer canales de comunicación con grupos terroristas, bajo la advertencia de ser procesados judicialmente. Para el mandatario, la única alternativa de los criminales es el sometimiento a la justicia ordinaria o enfrentar la fuerza del Estado.

Por último, el Gobierno ha activado con firmeza los mecanismos de cooperación internacional, reportando la firma de 52 extradiciones en este primer mes.

De La Espriella puntualizó de manera tajante: “Se acabaron los tiempos en los que los mecanismos de cooperación internacional se guardaban en un closet”, enviando un mensaje claro de que no habrá refugio ni privilegios para las estructuras criminales en el territorio nacional.

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