Con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normativas ambientales y proteger el ecosistema de la Ciénaga de Mallorquín, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita técnica preventiva al Proyecto Urbano Ciudad Mallorquín, ubicado entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Durante la visita, realizada en conjunto con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), se identificaron posibles afectaciones ambientales que requieren intervención urgente, entre las cuales se evidenció un presunto manejo inapropiado de las aguas residuales provenientes de la EBAR Mallorquín que se conducen por el canal construido para el manejar los excesos de aguas lluvia, de manera directa en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, lo que genera acumulaciones recurrentes de aguas residuales en el ecoparque, complicando aún más la situación ambiental.
También se registró disposición inadecuada de material de construcción en las zonas aledañas, donde esta acción posiblemente fue precedida de una tala de la vegetación existente. Esto se verificó por las denuncias sobre la posible explotación ilegal de mangle, las cuales serán objeto de seguimiento.
Ante estos problemas, el ente de control, representado por Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales Minero Energéticos y Agrarios, y Carlos Alberto Arrieta Martínez, Procurador Judicial II Ambiental y Agrario de Barranquilla, instauró una acción popular contra varias entidades públicas y privadas, con el fin de proteger los derechos colectivos al goce de un ambiente sano y al acceso a servicios públicos en el área metropolitana de Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia.
La demanda involucra al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Vivienda, a la CRA, al departamento de Atlántico, los municipios de Puerto Colombia y Barranquilla, el Área Metropolitana de Barranquilla y la empresa Triple A.
Con esta acción la Procuraduría insta a una reforma del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) para Puerto Colombia, la creación de un plan metropolitano de ordenamiento territorial, y la financiación de obras para el tratamiento de aguas residuales y el saneamiento de la región, con el objetivo de proteger los recursos naturales.
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