La Liga de Usuarios de Servicios Públicos Atlántico, se pronunció sobre la situación de la empresa Triple A, que tiene enfrentados al Gobierno Nacional y al Distrito de Barranquilla por diferencia de apreciación sobre el contrato de venta de acciones de esta compañía.
Detalla el gremio que después de sufrir varios despojos la empresa Triple A, entre ellos el de los españoles de Inassa y el Canal de Isabel II de Madrid por más de 80 millones de dólares que llevó a la Fiscalía a embargar la mayoría accionaria con fines de extinción de dominio, hubo una transacción entre el gobierno anterior y la empresa Alumbrado Público de Barranquilla que llevó al distrito de Barranquilla a controlar el 74% de las acciones de Triple A y a un potentado del interior con el 23%.
Dice la Liga que este contrato, el cual tiene presunción de validez por cuanto no se conoce ninguna demanda en su contra, define que pagado el 50% de la transacción se le debe entregar la junta directiva de la empresa a la nueva composición accionaria.
“Pero la Sociedad de Activos Especiales SAE optó por no cumplir dicho contrato y tomarse la junta directiva de la empresa, lo que podría llevar a los españoles de Inassa a retomar la empresa”, anota Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Atlántico.
Sostiene que en este caso deben primar los derechos de los barranquilleros y atlanticenses a ser resarcidos por tanto saqueo y corrupción al interior de Triple A y, considera que mientras no se demuestre la presunta ilegalidad del susodicho contrato, “éste debe cumplirse porque estamos en un Estado Social de Derecho. En este sentido, las acciones del potentado beneficiado deberían ser adquiridas por los 14 municipios a través de sus alcaldías para que esta “joya de la Corona” como se conoce, sea un patrimonio público de los atlanticenses, para que irrigue sus importantes utilidades a toda la población”, precisa el gremio.
En ese sentido propone la Liga constituir un comité en defensa del patrimonio público de Triple A para los atlanticenses.

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