La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una decisión de 300 páginas en la que acusa formalmente y llama a juicio al exsenador Arturo Char Chaljub por presuntamente liderar un esquema criminal diseñado para la compra de votos en la Costa Caribe.
Según detalles revelados este domingo por la revista CAMBIO, la Corte sostiene que Char estructuró este plan para asegurar su reelección y el éxito electoral de sus aliados.
Dice la publicación que la gravedad del señalamiento es tal que la Corte lo ha calificado como parte de la cúpula de la estructura delictiva, agravando el delito de concierto para delinquir. La acusación afirma que Char actuó con dolo, pese a contar con los conocimientos necesarios para no ir en contra del orden jurídico.
El caso se remonta a las elecciones de 2017 y 2018, en un momento de hegemonía política indiscutida de la familia Char en el Atlántico. Según la decisión judicial, el exsenador Char lideró el entramado criminal conocido públicamente como la ‘Casa Blanca’ para asegurar un éxito electoral.
La Corte afirma que se trató de un acuerdo gestado por iniciativa de Arturo y su hermano, Alejandro Char (quien era alcalde de Barranquilla en ese momento), en la casa de Arturo en octubre de 2017.
Otros involucrados y 10.000 votos
Dice la Corte Suprema que el pacto involucró, además de los hermanos Char, al empresario Julio Gerlein (pareja sentimental de Aida Merlano), la propia Aida Merlano y Lilibeth Llinás. El objetivo era impulsar a Merlano al Senado (con Llinás como fórmula, cercana a Arturo) y asegurar la reelección del propio Arturo Char.
La Sala de Instrucción mencionó explícitamente a Alex Char como partícipe del entramado y lo identificó como financiador del esquema de compra de votos. “El documento judicial resalta que otros dos supuestos financiadores, Faisal Cure y Julio Gerlein, tenían contratos con la administración de Alejandro Char”, precisa CAMBIO, agregando que Merlano, cuyo testimonio la Corte acoge “sin reparo alguno”, insistió en que Gerlein fungió como elbrazo financiero” y aportó “gran cantidad de dinero”.
La operación se dinamizó desde la ‘Casa Blanca’, la sede política de Aida Merlano en el barrio Golf de Barranquilla. “Allí, Adalberto Llinás coordinó las campañas de su hermana Lilibeth y de Arturo Char”, sostiene la Corte.
El esquema se basaba en una estructura piramidal: coordinadores y líderes se dedicaban a conseguir votantes en varios municipios, anotar sus datos en planillas a mano y luego pagarles. El proceso se evidencia con información hallada en el allanamiento a la ‘Casa Blanca’ en 2018, incluyendo copias de recibos de caja hechos a mano por transacciones entre 5 y 15 millones de pesos.
Una de las piezas clave es el testimonio de Aida Merlano, quien declaró que 10.000 votos fueron trabajados y cuadrados desde la sede política específicamente para favorecer a Arturo Char en los municipios de Malambo, Soledad, Piojó y Sabanalarga. Merlano aseguró que Arturo le había dicho a Alejandro que financiaría la campaña de ella a cambio de que él pudiera elegir a su Cámara.
Desestimadas las justificaciones del exsenador
Arturo Char ha negado consistentemente su participación en el entramado, argumentando que su presencia en la ‘Casa Blanca’ se limitó a una reunión política en octubre de 2017 para superar diferencias entre los diputados del Atlántico.
No obstante, la Sala de Instrucción de la Corte considera que esta tesis no es creíble y que existen evidencias de su presencia en la sede política en varias ocasiones y por motivos “menos prístinos”. De hecho, la justicia considera que la cita real fue para discutir la compra de votos, siguiendo afirmaciones de testigos como Rafael Antonio Rocha Salcedo y Aida Merlano.
Con base en lo dicho por la Corte, CAMBIO señala que otros declarantes ubicaron a Char en la ‘Casa Blanca’ en diciembre de 2017 y en enero de 2018, cuando la estructura de compra de votos ya estaba en marcha. La Sala concluye que “está probada la existencia de acciones coordinadas para la obtención de votos”.
Implicaciones legales y políticas
La Corte Suprema considera que Arturo Char “organizó, encabezó y promovió” la asociación delictiva, poniendo en riesgo el bien jurídico de los mecanismos de participación democrática y la seguridad pública. El pacto “envolvió directamente la compra de 10.000 votos en su favor”, asegura el alto tribunal.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, la Sala no detuvo a Char. Además, negó la petición de Aida Merlano de constituirse como víctima, ya que la Corte la considera partícipe del entramado, al estar ya condenada por los mismos hechos.
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