La crisis desatada por la intervención de Ueno Bank terminó golpeando directamente al Gobierno de Paraguay. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, poco antes de que el Congreso iniciara un proceso de juicio político en su contra, en medio de los cuestionamientos por los vínculos del mandatario con la entidad financiera y los millonarios recursos públicos que habría recibido durante su administración.
La dimisión se produjo en un ambiente de creciente tensión política, luego de que la intervención de Ueno Bank desatara un escándalo que puso bajo la lupa las relaciones entre el sector financiero y el Gobierno paraguayo.
La entidad bancaria, de carácter privado, quedó en el centro de la controversia por las conexiones que se le atribuyen con Peña y por los recursos provenientes de instituciones estatales que habría recibido durante su mandato. El caso generó cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos y las posibles relaciones de interés alrededor de la entidad.
La situación escaló hasta el Congreso paraguayo, donde la Cámara de Diputados debatía la posibilidad de adelantar un juicio político contra el jefe de Estado. La renuncia se conoció precisamente cuando avanzaba esa discusión, lo que convirtió la crisis financiera en un episodio de profundas repercusiones institucionales.
El detonante fue la decisión del Banco Central de Paraguay de intervenir Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. La medida implicó el cierre de sus sucursales y la suspensión de sus operaciones, dejando a cerca de tres millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas.
La dimensión económica del escándalo también quedó reflejada en los recursos públicos comprometidos. De acuerdo con los reportes sobre la intervención, Ueno Bank administraba aproximadamente 850 millones de dólares en depósitos de entidades estatales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de la seguridad social y las jubilaciones de los trabajadores paraguayos.
El Partido Colorado le retiró su respaldo
Uno de los acontecimientos que precipitó la crisis política fue la pérdida de apoyo dentro del propio oficialismo. Horacio Cartes, expresidente paraguayo y dirigente del Partido Colorado, anunció que su colectividad acompañaría el juicio político contra Peña, argumentando la necesidad de recuperar la institucionalidad del país.
La decisión representó un golpe político para el mandatario, quien también enfrentó cuestionamientos por sus antiguos vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno Bank. Peña había sido accionista de Grupo Vázquez, matriz de la entidad financiera, hasta marzo de 2025.
La oposición y sectores disidentes del oficialismo cuestionaron posibles conflictos de intereses, el manejo de los recursos del sistema de pensiones y la actuación de los organismos encargados de vigilar el funcionamiento del banco.
¿Quién asumiría la Presidencia de Paraguay?
La salida de Peña abre un nuevo capítulo en la crisis institucional paraguaya. Su vicepresidente, Pedro Alliana, aparece como el sucesor constitucional previsto para asumir la jefatura del Estado, de acuerdo con los reportes internacionales.
La renuncia se produjo en medio de las protestas de los ahorradores que reclaman la devolución de su dinero y de las investigaciones contra directivos de la entidad financiera.
De esta manera, el caso Ueno Bank pasó de ser una crisis de solvencia bancaria a convertirse en un escándalo político que terminó comprometiendo la continuidad del Gobierno paraguayo.
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