La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre la persistencia de un déficit estructural en los fondos destinados a los subsidios de energía eléctrica y gas en Colombia, una situación que pone en riesgo la sostenibilidad fiscal de los servicios energéticos.
La preocupación institucional fue reiterada en el marco de la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento, realizada junto con la Procuraduría General de la Nación y la participación del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El ente de control subraya que la insuficiencia de recursos compromete la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras del servicio y aumenta la presión fiscal del Estado.
En el sector de la energía eléctrica, la Contraloría evidenció que la apropiación inicial para 2025, fijada en $3,16 billones, cubre apenas el 47% de los $6,6 billones requeridos. Si bien la ejecución de lo disponible ya alcanza el 82%, con pagos a las empresas de $2,58 billones, la cifra proyectada para el año sigue siendo claramente insuficiente.
La situación del gas combustible no es menos apremiante. Aunque el proyecto nacional para subsidios de gas combustible ha alcanzado una ejecución del 100%, agotando la totalidad de los recursos disponibles para 2025, se ha identificado la necesidad urgente de apropiar recursos adicionales del orden de $750 mil millones adicionales para el resto del 2025.
Además del déficit presupuestal en los subsidios corrientes, el sector enfrenta una gigantesca deuda acumulada producto de la denominada opción tarifaria del Covid-19. Esta deuda asciende a la significativa cifra de $4,5 billones.
De este monto, $2,6 billones corresponden específicamente a usuarios de los estratos 1, 2 y 3. Aunque se planteó la propuesta de reconocer esta obligación como deuda de la Nación, la Contraloría advierte que esta medida no fue incluida en los proyectos de Ley de Financiamiento ni en el presupuesto de 2026.
Baja ejecución en programas clave para la transición
La Contraloría también puso el foco en la baja ejecución de iniciativas fundamentales para la política energética del país. En el sector del gas licuado de petróleo (GLP), mientras que los programas de subsidio e infraestructura tienen una ejecución del 71%, la iniciativa de sustitución de leña por este gas, una política calificada como clave para la transición energética justa, solo alcanza una ejecución del 17%.
Ante este panorama, la Contraloría General insiste en la necesidad de garantizar una planeación presupuestal suficiente y oportuna para cubrir los subsidios energéticos. La entidad celebra el incremento del 37,1% en la inversión proyectada para 2026, $4 billones destinados a subsidios, pero reitera que la cifra aún es insuficiente frente a los requerimientos reales del sector.
La entidad reiteró también la preocupación institucional frente a la situación de la empresa Air-e, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. El ente de control dijo que continuará haciendo seguimiento a las medidas adoptadas para garantizar la prestación del servicio en el norte de la Costa Caribe.
Para fortalecer el control y la transparencia, el ente de control está avanzando en el desarrollo de un modelo analítico de datos en tiempo real para monitorear el flujo de los pagos y la ejecución de los recursos asignados a subsidios de energía y gas.
La Contraloría puntualizó en que continuará ejerciendo su labor de vigilancia para asegurar que los recursos públicos se administren con eficiencia, transparencia y responsabilidad fiscal, traduciéndose en bienestar social.
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