El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó desde Barranquilla que el Gobierno Nacional mantendrá los subsidios de energía eléctrica para los hogares de estratos 1, 2 y 3.
No obstante, el funcionario advirtió que esta continuidad dependerá estrictamente de la disponibilidad de recursos presupuestales, en un contexto de estrechez fiscal tras la decisión del Congreso de no aprobar la ley de financiamiento.
La estrategia del Gobierno busca realizar una transición estructural, para que en lugar de un modelo basado únicamente en el pago de subsidios, esos recursos se transformen en inversión para autogeneración a través del ambicioso programa “Colombia Solar”.
Durante su intervención, el ministro Palma fue enfático en señalar que los recortes presupuestales actuales son consecuencia de lo que calificó como una decisión “incoherente y mezquina” por parte del Congreso de la República al rechazar la ley de financiamiento.
Dijo que esta situación ha obligado a la cartera a estimar recortes que afectan programas de normalización, electrificación rural y energía limpia.
“Al hacer los recortes, los que sufren son los colombianos y hoy técnicamente el culpable de ese costo social es el Congreso de la República”, afirmó Palma, subrayando que la permanencia de los subsidios tradicionales se dará de forma progresiva mientras el presupuesto lo permita.
Hacia un nuevo modelo de subsidios
El ministro Palma enfatizó que el componente de transición no es solo una medida ambiental, sino la salvación para la prestación del servicio en el Caribe.
Indicó que el objetivo fundamental de “Colombia Solar” es que los usuarios de estratos 1, 2 y 3 se convierten en autogeneradores, lo que permitirá disminuir el impacto fiscal que generan los subsidios tradicionales al transformarlos en una alternativa de generación propia.
Señaló además que mientras se reglamenta la transición total, el Gobierno ha habilitado mecanismos como la cesión de derechos económicos hacia la banca pública para proveer liquidez inmediata a comercializadoras como Air-e, permitiéndoles mantener su operación de caja.
En esencia, el Gobierno busca democratizar el mercado de generación aprovechando las fuentes limpias de la región, permitiendo que el Estado empuje la inversión necesaria para que el sistema deje de ser una carga fiscal insostenible y se convierta en un modelo de eficiencia energética.
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