Una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá ha dictado medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el saqueo y direccionamiento de contratos que involucran a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Instituto Nacional de Vías (INVIAS).
La decisión, tomada por la magistrada Aura Rosero Baquero, superó la solicitud inicial de la Fiscalía, que únicamente había pedido la detención domiciliaria para los exfuncionarios.
La togada consideró que existen numerosas evidencias que sugieren que los exministros habrían formado parte de un pacto criminal que se configuró presuntamente dentro del alto gobierno de Gustavo Petro.
La magistrada concluyó que este caso constituye un sofisticado entramado que, según expuso la Fiscalía, aún no ha sido desmantelado por completo.
Riesgo dinámico y protección institucional
El Tribunal argumentó que la imposición de la detención en cárcel se fundamenta en el impacto institucional del esquema de corrupción, buscando proteger a la comunidad y evitar la reconfiguración de un complejo esquema de corrupción del más alto nivel en las carteras más importantes del país.
La Fiscalía ha dejado constancia de que la red criminal no ha sido desarticulada en su totalidad, y existen otros presuntos sujetos involucrados que aún no han sido judicializados, algunos de los cuales permanecen activos, aunque no ostenten la condición de cabecillas.
Esta circunstancia refuerza el pronóstico de riesgo, el cual el despacho precisó que no es estático ni cerrado, sino dinámico y en desarrollo.
Direccionamiento de contratos y “Caja Menor”
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló a los dos exministros de haber encabezado y liderado una organización criminal cuyo objetivo era convertir a la UNGRD y el INVIAS en la caja menor de coimas, usadas presuntamente para comprar a congresistas a cambio de votos y garantizar la gobernabilidad. Estos argumentos fueron considerados por el Tribunal, dándoles plena credibilidad.
Según el ente acusador, los exministros habrían direccionado 74 contratos en INVIAS y 5 en UNGRD, proyectos que en conjunto suman más de 612 mil millones de pesos, de los cuales, siete proyectos llegaron a concretarse.
Este esquema criminal habría utilizado el trámite de las reformas pensional y de salud en el Congreso de la República, programas bandera del gobierno de Gustavo Petro, como pretexto para cimentar una organización que permeó dos ramas del poder público: el ejecutivo y el legislativo, para satisfacer intereses de unos pocos.
Testimonios clave y reacción presidencial
Para la decisión de la magistrada fueron clave los interrogatorios rendidos por Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides.
El escándalo de corrupción que inició con el caso de los 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua en La Guajira fue el punto de quiebre para descubrir una profunda red de corrupción tejida entre el ejecutivo y el legislativo.
Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Gustavo Petro defendió a Ricardo Bonilla, a quien calificó de “ingenuo”. El mandatario aseguró que conoce la trayectoria de Bonilla como profesor universitario con doctorado en economía y su obsesión por la teoría económica. No obstante, el presidente Petro se abstuvo de mencionar al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien también fue enviado a prisión. El escándalo de la UNGRD salpicó a otros funcionarios cercanos al jefe de Estado, incluyendo a Carlos Ramón González y Sandra Ortiz.
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