Por evadir impuestos Shakira iría a la cárcel en España

De nuevo la artista barranquillera, Shakira, vuelve a tener conflictos con el Gobierno de España, que a través de la Fiscalía la acusa de fraude relacionado con el no pago de impuestos de renta en el 2018. El monto que señala el organismo acusador es de 6 millones de euros.

Según la agencia española de prensa, EFE, ya le fue notificada en su domicilio de Miami, Estados Unidos, y a partir de ello “un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) abriera una segunda causa contra ella, por dos delitos contra la Hacienda Pública”.

El registro también señala que la artista “será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de esa ciudad española”.

La supuesta defraudación del 2018, de acuerdo con detalles que da la Fiscalía, se dio mediante un entramado para defraudar a la Agencia Tributaria de España por 5.3 millones de euros del impuesto de la renta sobre personas físicas (IRPF), “correspondientes a los ingresos que percibió por su gira ‘El Dorado’ y por la cesión de sus derechos intelectuales, y otros 773 mil 600 euros en el impuesto de patrimonio por los 12 millones que posee en inmuebles y activos financieros”.

Agrega la Fiscalía que “Shakira cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios “contratos simulados”, de forma que se benefició de una tributación “muy reducida” que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1.39 por ciento”.

De igual manera, asegura el ente acusador español que “utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira ‘El Dorado’ -que incluyó 53 conciertos en 22 países-, pese a que la firma carecía igualmente de actividad real”.

La información concluye que la “Fiscalía pide una pena de ocho años y dos meses de cárcel y multa de 23.8 millones de euros para la cantante colombiana, quien en julio del año pasado rechazó llegar a un acuerdo con la Fiscalía y decidió jugársela en el juicio, aunque aún tiene tiempo para pactar con las acusaciones -que incluyen a Hacienda y la Agencia Tributaria catalana- hasta el momento de sentarse en el banquillo”.